Canceló su deuda con el BBVA pero siguió como moroso y terminó en la Justicia
Pedro González lleva nueve años reclamando contra el banco por figurar en el Veraz y la Central de Deudores pese a haber pagado por completo un crédito prendario en 2016. Tras siete años de trámite en Defensa del Consumidor, una resolución favorable de 2024 no se cumplió del todo y el caso llegó al Juzgado Civil de Ushuaia y al BCRA.
Un vecino de Ushuaia inició acciones judiciales contra el BBVA (ex Banco Francés) luego de que el banco mantuviera sus datos como deudor moroso durante casi una década, pese a haber cancelado íntegramente un crédito prendario en 2016.
Pedro González sostiene que, tras saldar la totalidad del préstamo, recibió la documentación que acreditaba la liberación de la prenda. Sin embargo, al intentar acceder a un nuevo crédito de $150.000 en el Banco de Tierra del Fuego en 2017 para finalizar la construcción de su vivienda, descubrió que figuraba con antecedentes negativos tanto en la Central de Deudores del Banco Central como en el Veraz. Esa información errónea le habría impedido acceder a financiamiento bancario durante años.
Ante la falta de respuestas del banco, González recurrió ese mismo año a la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. El trámite se extendió durante siete años e incluyó, según su relato, reiteradas inasistencias de representantes de la entidad a las audiencias de conciliación. En 2023, la Fiscalía de Estado debió llamar la atención por la demora administrativa.
Finalmente, en 2024 el organismo provincial dictaminó que el saldo adeudado era de cero pesos, aplicó una sanción económica al banco y dispuso la publicación de una disculpa pública durante tres días. Según González, la entidad no cumplió con esta última medida.
El caso no se detuvo ahí. En agosto de 2026, el damnificado presentó una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Ushuaia para ejecutar la resolución administrativa y reclamar indemnización por daño moral y daños punitivos, con sustento en la normativa de defensa del consumidor. Paralelamente, elevó una denuncia ante la Gerencia de Protección al Usuario Financiero del Banco Central de la República Argentina para que se investigue la conducta del banco.
El reclamo toma como referencia un fallo de mayo de 2026 de la Cámara de Apelaciones de Río Grande en una causa similar por controversias bancarias. El abogado especialista en derecho comercial Diego Cí señaló que los extensos plazos de los procedimientos administrativos muchas veces obligan a los consumidores a recurrir directamente a la mediación o a la Justicia para reclamar daños y perjuicios.
El especialista vinculó la situación con el deber de información que establece el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el principio de trato digno del artículo 42 de la Constitución Nacional. Para González, el perjuicio no se limitó al impedimento de acceso al crédito: también debió contratar un estudio jurídico en Buenos Aires para intentar regularizar sus antecedentes crediticios.
El caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan los usuarios cuando una entidad financiera mantiene información crediticia incorrecta y los tiempos que pueden demandar las respuestas administrativas. La responsabilidad definitiva del banco y el monto de una eventual indemnización deberán definirse en las instancias judiciales correspondientes.