Cómo funciona el subrégimen industrial de la Ley 19.640 y su impacto en el empleo fueguino
Guía completa y actualizada sobre el corazón del modelo productivo de Tierra del Fuego: beneficios, obligaciones, sectores beneficiados y los desafíos que enfrenta el subrégimen en 2026.
El subrégimen industrial previsto en la Ley 19.640 representa el eje central de la actividad económica de Tierra del Fuego. Promulgada originalmente en 1972 y reformulada en sucesivas oportunidades, esta norma otorga un conjunto de incentivos fiscales y aduaneros a las empresas que se instalan en la provincia con el objetivo de generar empleo y diversificar la matriz productiva del extremo sur del país.
A diferencia de regímenes promocionales que solo otorgan exenciones temporales, el subrégimen de la 19.640 se caracteriza por su permanencia en el tiempo y por su focalización geográfica exclusiva en el territorio fueguino. En la práctica, esto significa que las industrias radicadas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin acceden a un tratamiento diferencial en materia de aranceles de importación, IVA, impuesto a las ganancias y contribuciones patronales, siempre que cumplan con determinados requisitos de integración nacional y generación de puestos de trabajo.
El corazón productivo: la industria electrónica
El sector que más ha capitalizado el subrégimen es el de la electrónica de consumo. Empresas como Mirgor, Newsan y BGH montaron en Río Grande plantas de ensamblaje de televisores, celulares, aires acondicionados y otros electrodomésticos. Según datos del Ministerio de Producción provincial, este rubro explica más del 70 % del empleo industrial formal de la provincia y representa alrededor del 40 % de las exportaciones no tradicionales que salen desde Tierra del Fuego.
El mecanismo es sencillo en su concepción pero complejo en su ejecución: las terminales importan partes y componentes con arancel cero o reducido, los ensamblan localmente y venden el producto terminado en el mercado interno con una ventaja competitiva frente a los bienes importados directamente. A cambio, deben cumplir metas de integración de valor local que, aunque han sido flexibilizadas en los últimos años, siguen siendo el principal instrumento de control de la autoridad de aplicación.
Beneficios concretos que recibe cada fábrica
El subrégimen contempla varios instrumentos simultáneos. El más relevante es la exención de derechos de importación para insumos y bienes de capital destinados al proceso productivo. También incluye diferimiento del IVA a la importación y una alícuota reducida de Ganancias. En materia laboral, las empresas acceden a una bonificación del 50 % en las contribuciones patronales sobre los trabajadores registrados en la provincia.
Estos beneficios no son automáticos. Cada proyecto debe ser aprobado por la Secretaría de Industria de la Nación y luego fiscalizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y por el gobierno provincial a través de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). En los últimos años se han endurecido los controles sobre el origen de los componentes y sobre el cumplimiento efectivo de las planillas de personal.
El rol de AFARTE y la UOM en el ecosistema
La Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) actúa como interlocutor permanente entre las empresas y los gobiernos nacional y provincial. Sus técnicos participan en la redacción de las resoluciones que modifican las alícuotas de integración y en las negociaciones de los regímenes de salvaguardia cuando se detectan incrementos inesperados de importaciones.
Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Río Grande es la principal organización sindical del parque industrial. En las últimas rondas paritarias ha logrado incluir cláusulas de estabilidad laboral vinculadas al mantenimiento de los beneficios del subrégimen. Cuando se discute en Buenos Aires cualquier modificación al régimen, los delegados de la UOM viajan junto a los gerentes de las terminales para defender la continuidad del modelo.
Desafíos actuales del subrégimen
Lejos de ser un mecanismo blindado, la Ley 19.640 enfrenta presiones permanentes. Cada revisión del arancel externo común en el Mercosur genera tensiones porque reduce la brecha protectora que justifica el ensamblaje local. Además, los cambios tecnológicos —como la incorporación de pantallas OLED o componentes miniaturizados— obligan a actualizar constantemente las listas de insumos promovidos.
En 2026, el debate central gira en torno a la diversificación. Aunque la electrónica sigue siendo el motor, tanto el gobierno provincial como AFARTE impulsan la radicación de nuevas actividades: plásticos técnicos, indumentaria con materiales especiales, producción de componentes para energías renovables y ensamblaje de equipamiento médico. El objetivo es reducir la dependencia de un solo rubro y generar empleos de mayor calificación.
Cómo se traduce el subrégimen en el bolsillo del trabajador
Para un operario de línea de montaje en Río Grande, el subrégimen se materializa en estabilidad laboral y en un poder adquisitivo que, aunque afectado por la inflación nacional, se sostiene gracias a las paritarias sectoriales. Un dato concreto: según cifras de la UOM, el salario promedio en el parque industrial supera en un 18 % al de otras industrias manufactureras del país, precisamente por la productividad y los volúmenes que permite el régimen promocional.
Sin embargo, esa estabilidad es vulnerable. Cada vez que se habla de eliminar o modificar el subrégimen en el Congreso, los comercios de Río Grande registran caídas en las ventas y las familias postergan compras de electrodomésticos. El efecto multiplicador es directo: por cada puesto directo en la fábrica se estiman entre 2,5 y 3 empleos indirectos en logística, servicios, construcción y comercio.
Perspectivas a mediano plazo
El futuro del subrégimen dependerá de tres variables: la voluntad política en la Casa Rosada de mantener un instrumento de política industrial específico para el sur, la capacidad de las empresas para aumentar la integración de componentes locales sin perder competitividad y la evolución del mercado interno de bienes durables.
En un contexto donde se discuten reformas tributarias y laborales a nivel nacional, la Ley 19.640 vuelve a estar bajo la lupa. Los fueguinos saben que cada punto que se modifique en un decreto de aranceles se sentirá en las líneas de producción de Río Grande y en las góndolas de Ushuaia y Tolhuin. Por eso, más allá de las siglas técnicas, el subrégimen industrial es, ante todo, una cuestión de empleo y de identidad productiva provincial.
Entender sus mecanismos, sus límites y sus potencialidades es indispensable para cualquier discusión seria sobre el desarrollo de Tierra del Fuego en las próximas décadas.