Cómo impacta la movilidad jubilatoria nacional en los haberes de los jubilados fueguinos

La fórmula de movilidad jubilatoria que aplica la ANSES en todo el país genera un impacto diferenciado en Tierra del Fuego, donde el costo de la canasta básica supera consistentemente el promedio nacional. Más allá de los anuncios que se escuchan desde Buenos Aires, los jubilados fueguinos enfrentan una realidad marcada por precios de alimentos, servicios y alquileres que no siguen la misma lógica que en el continente.

Desde la implementación de la ley de movilidad vigente, los haberes se actualizan en marzo, junio, septiembre y diciembre. Sin embargo, en la provincia el efecto real de esos incrementos se diluye rápidamente. Según datos del INDEC y del Instituto Provincial de Estadística, la inflación acumulada en Ushuaia y Río Grande durante 2025 superó en más de ocho puntos al índice nacional que utiliza ANSES para calcular los ajustes. Eso significa que, aunque el haber bruto aumenta, el poder adquisitivo local cae.

El gobierno provincial mantiene un complemento provincial para jubilados que perciben el haber mínimo. Ese adicional, que en 2026 ronda los 45.000 pesos mensuales, se actualiza por decreto y no sigue automáticamente la movilidad nacional. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Social provincial confirmaron que el Ejecutivo evalúa atarlo a la ley 19640 para proteger su valor frente a la inflación local, pero hasta el momento no se presentó ningún proyecto en la Legislatura.

Un aspecto poco discutido es el de los regímenes especiales. Jubilados de la ex Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, que mantienen beneficios diferenciales por antigüedad, ven cómo sus haberes más altos quedan fuera de algunos bonos nacionales. Esto genera una brecha interna: mientras un jubilado de haber mínimo recibe el complemento provincial, un docente o empleado público provincial jubilado con 30 años de aportes no accede a esa ayuda y sufre más el impacto del costo de vida.

La Ley 19640 también juega un rol clave. Al otorgar exenciones impositivas y subsidios al consumo, indirectamente protege el valor real de las jubilaciones. Sin embargo, cada vez que se discute su modificación en el Congreso, los jubilados locales viven con incertidumbre: un recorte en los beneficios de la ley podría erosionar aún más el poder de compra de sus haberes.

Desde la Cámara de Comercio de Ushuaia advierten que los jubilados representan casi el 28% del consumo en el centro de la ciudad. Cuando los ajustes nacionales llegan tarde o son insuficientes, se nota inmediatamente en la actividad comercial. “No es solo un tema previsional, es un problema económico provincial”, sostienen.

Para 2026 se espera que la movilidad nacional acumule alrededor del 38% si la inflación se mantiene en los niveles proyectados por el gobierno nacional. En Tierra del Fuego, según estimaciones privadas, se necesitaría un ajuste cercano al 52% para que los jubilados no pierdan capacidad de compra. La diferencia la cubre, en parte, el complemento provincial, pero este depende de la disponibilidad de recursos de la provincia, que a su vez está atada a la coparticipación y a los vaivenes de la economía nacional.

Las organizaciones de jubilados en Río Grande y Ushuaia vienen reclamando hace meses una mesa de diálogo provincial que incluya a ANSES, al gobierno local y a legisladores. El objetivo es lograr un mecanismo de ajuste complementario que responda a la realidad fueguina y no solo a los índices porteños. Hasta ahora, las respuestas han sido parciales y sin compromisos firmes.

Queda por ver si en el presupuesto provincial 2027 se incluye una partida específica para fortalecer el complemento jubilatorio o si, por el contrario, se priorizarán otras demandas. Lo que los hechos demuestran es que, sin una mirada local sobre la movilidad, los jubilados de Tierra del Fuego seguirán perdiendo terreno frente a una inflación que no perdona la distancia del continente.

Los números oficiales del último trimestre muestran que el haber promedio en la provincia, una vez aplicados los descuentos y sumados los complementos, se ubica en torno a los 380.000 pesos. En Tolhuin, donde los precios de la carne y los combustibles son aún más altos, ese monto alcanza para menos. La brecha entre localidades dentro de la misma provincia es otro factor que la fórmula nacional no contempla.

El desafío institucional es claro: mantener las instituciones previsionales fuertes requiere que las reglas nacionales se adapten, al menos en sus efectos, a las realidades de las provincias patagónicas. De lo contrario, la movilidad seguirá siendo solo un número en el Boletín Oficial que no se traduce en una jubilación digna para los fueguinos que ya cumplieron su etapa laboral.