Cómo la salud pública en Tierra del Fuego impacta en la vida diaria de las familias fueguinas
Más allá de los hospitales y los presupuestos, la salud pública provincial define si un vecino de Río Grande llega a fin de mes sin endeudarse por remedios o si una mamá de Ushuaia puede acompañar a su hijo sin perder el trabajo. Historias concretas que revelan las grietas y las fortalezas de un sistema que debería ser pilar de la provincia.
En el barrio Almafuerte de Río Grande, doña Rosa espera desde las seis de la mañana que le den turno para que revisen la presión de su marido. No es la primera vez. Lleva tres semanas intentando que le renueven la medicación para la diabetes. Mientras tanto, en Tolhuin, Laura no pudo llevar a su nena de cuatro años al control pediátrico porque el colectivo no pasó y no le alcanzaba para el remis.
Estas no son anécdotas aisladas. Son la cara visible de un sistema de salud pública provincial que, aunque cuenta con recursos naturales y una ley especial que debería garantizar mejores condiciones, sigue dejando a miles de familias libradas a su suerte cuando más lo necesitan.
Desde hace años, los trabajadores de la salud vienen advirtiendo que los centros de atención primaria están desbordados. En Ushuaia, el hospital regional recibe pacientes que podrían resolverse en un CAPS, pero esos centros muchas veces carecen de insumos básicos o de profesionales suficientes. Una enfermera del barrio Los Andinos contó en off que en invierno, cuando las gripes y las bronquiolitis se multiplican, atienden más de 80 personas por día con solo dos médicos.
El impacto económico es otro capítulo doloroso. Muchas familias terminan comprando remedios en farmacias privadas porque en los hospitales no hay stock o porque el trámite para obtenerlos gratis demora semanas. Un estudio interno del Ministerio de Salud al que accedimos muestra que el 32% de los hogares de la provincia destinó parte de su salario a gastos médicos no cubiertos durante el último año. En una provincia donde el costo de vida ya es alto, ese porcentaje significa que muchos eligen entre la garrafa o la receta.
Pero también hay luces. En los últimos tiempos, algunas iniciativas comunitarias han logrado tender puentes. En Río Grande, el programa de promotoras de salud barrial consiguió que más de 400 mujeres de barrios periféricos accedan a controles ginecológicos que antes postergaban por vergüenza o por falta de tiempo. Las mismas vecinas que antes solo recibían atención cuando la situación era grave hoy saben cómo medir la presión en casa y reconocen los síntomas de una infección urinaria.
La educación para la salud sigue siendo la gran deuda. En las escuelas del norte de la provincia, los chicos aprenden sobre Malvinas y el medio ambiente, pero pocos reciben información clara y continua sobre alimentación saludable, salud sexual o prevención de adicciones. Una docente de la escuela N° 12 de Tolhuin lo resume con crudeza: “Les enseñamos a cuidar el planeta, pero no siempre les damos herramientas para cuidar su propio cuerpo”.
El frío extremo de la provincia agrava todo. Cada invierno, las consultas por enfermedades respiratorias se disparan y los hospitales colapsan. Las familias que viven en casas con paredes húmedas o sin calefacción adecuada pagan el precio más alto. Los niños menores de cinco años y los adultos mayores son los más afectados, y muchas veces terminan internados por cuadros que podrían haberse evitado con una mejor prevención domiciliaria.
Desde las organizaciones sociales se reclama hace tiempo una mayor participación de los vecinos en el diseño de las políticas sanitarias. No alcanza con construir un nuevo pabellón si después no hay personal para atenderlo ni medicamentos para suministrar. Los saberes populares de las familias que viven hace décadas en Tierra del Fuego —cómo se cuidaban antes de que llegara el petróleo, cómo se enfrentaba el aislamiento— podrían enriquecer enormemente las estrategias provinciales.
La salud no es solo un derecho constitucional. En una provincia rica como la nuestra, es también una cuestión de dignidad. Cuando un papá debe elegir entre pagar la luz o comprar el antibiótico para su hijo, la promesa de igualdad se rompe en pedazos. Detrás de cada estadística de camas ocupadas o de consultas atendidas hay caras concretas: la de Rosa que sigue esperando su turno, la de Laura que no pudo llevar a su nena al médico, la de tantos otros que confían en un sistema que a veces les da la espalda.
Mientras los funcionarios hablan de “fortalecimiento del primer nivel de atención”, en los barrios se sigue midiendo la salud por otra vara: si pudiste dormir sin dolor, si tu hijo comió frutas esta semana, si llegaste al hospital a tiempo. Esa es la verdadera salud pública que importa. La que se vive, no la que se anuncia.
Queda por delante el desafío de construir un sistema que escuche más a los que padecen sus fallas que a los que lo administran. Porque en Tierra del Fuego, con todo lo que tenemos, no podemos permitirnos que la salud sea un lujo para pocos y una carrera de obstáculos para la mayoría.