Cómo medir el verdadero impacto de la ley 19640 en el empleo fueguino
Más allá de los anuncios de puestos creados, un análisis de datos revela qué porcentaje de empleo generado por la 19640 es genuino, sostenible y con salarios por encima de la media provincial.
Los números oficiales del Ministerio de Trabajo provincial suelen llegar envueltos en conferencias de prensa con cifras redondas y sonrientes. En el último trimestre se habló de 1.850 empleos generados en el marco de la ley 19640. Sin embargo, cuando se desagregan los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se cruzan con los balances presentados ante la AFIP por las empresas beneficiarias, la historia cambia de color.
El primer filtro que aplicamos fue separar el empleo registrado de más de seis meses de duración. Ese umbral no es arbitrario: representa el punto en el que un contrato deja de ser una incorporación estacional o de prueba y pasa a formar parte de la estructura productiva real. De esos 1.850 anuncios, solo 742 superan ese corte. Es decir, el 60 % restante son puestos que, en su mayoría, se disuelven cuando termina la temporada alta de ensamblado o cuando se agota la partida presupuestaria de algún subsidio específico.
Un segundo lente, más incómodo aún, es el salario medio. Según los datos abiertos del Observatorio de Empleo de Tierra del Fuego actualizados a junio de 2026, el sueldo bruto promedio en el sector industrial promovido por la 19640 se ubica en $ 487.000. Eso está un 18 % por debajo del salario medio provincial y un 29 % por debajo del que perciben los trabajadores de la administración pública. Cuando se ajusta por inflación acumulada en los últimos 24 meses, el poder adquisitivo real de esos salarios cayó 7,4 %. En otras palabras, la ley genera empleo, pero ese empleo cada vez compra menos canasta básica en los supermercados de Ushuaia y Río Grande.
La brecha geográfica también cuenta su parte. Río Grande concentra el 68 % de los empleos industriales promovidos, pero Tolhuin y Ushuaia apenas reparten el resto. En Tolhuin, donde varias PyMEs textiles y de plásticos cerraron sus puertas entre 2022 y 2024, la tasa de rotación laboral supera el 41 % anual. Eso significa que por cada diez personas que entran a trabajar en una fábrica beneficiada por la 19640, cuatro ya no están en la misma empresa doce meses después. Ese dato erosiona cualquier posibilidad de formación de capital humano y de escalada salarial.
Desde el lado empresario, el argumento suele ser que sin los beneficios impositivos y aduaneros la mayoría de las plantas serían inviables. Es un razonamiento que tiene base: el costo logístico de traer insumos desde Buenos Aires o del exterior hace que el margen operativo promedio del sector industrial fueguino sea del 9,8 %, según el último informe de la Cámara de Industriales. Sin embargo, cuando se analizan los balances de las diez empresas que más beneficios fiscales recibieron en 2025, se observa que el 73 % de ellas repartió dividendos a sus matrices en el exterior o a socios locales por un monto superior a los $ 2.400 millones. Es decir, la provincia subsidia con exenciones y luego ve cómo parte importante de esa renta se fuga.
Esta tensión no es nueva, pero en 2026 adquiere mayor relevancia porque la discusión sobre la reforma de la 19640 volvió al Congreso. Los proyectos que circulan proponen condicionar los beneficios a metas concretas de empleo neto (no bruto), porcentaje de proveedores locales y aumento real de salarios. Según un modelo que elaboramos cruzando datos del INDEC, Ministerio de Economía provincial y SIPA, si se aplicaran esos criterios de manera estricta, entre 14 y 18 empresas de las 62 actualmente beneficiadas tendrían que mejorar su performance o perderían parte de los incentivos. El impacto fiscal para la provincia sería positivo en unos $ 380 millones anuales que podrían redireccionarse a reconversión laboral o a infraestructura productiva.
Desde el punto de vista del trabajador, la pregunta que surge es sencilla y brutal: ¿preferís tener un empleo inestable y mal pago o no tener empleo? La respuesta obvia es la primera, pero no deberíamos conformarnos con esa disyuntiva. Las experiencias de otras zonas francas del mundo (Irlanda en los 90, Mauritius en los 2000 o incluso la propia Tierra del Fuego en sus mejores años) muestran que es posible diseñar regímenes que exijan training, escalafón salarial y reinversión local de utilidades sin que las empresas huyan.
El empleo genuino no se mide solo por la cantidad de altas en el sistema previsional. Se mide por tres variables que casi nunca aparecen en los comunicados oficiales: permanencia, salario real ajustado por inflación y capacidad de generar encadenamientos productivos locales. Cuando se aplican estos tres filtros a los datos de los últimos tres años, el panorama es menos optimista que el que pintan los discursos de apertura de sesiones legislativas.
Eso no significa tirar la ley 19640 al mar. Significa actualizarla. Exigir que cada peso que la provincia deja de recaudar se traduzca en un puesto de trabajo de calidad, con aportes jubilatorios completos, capacitaciones certificadas y un salario que permita vivir en una de las provincias más caras del país. De lo contrario, seguiremos celebrando números inflados mientras las familias fueguinas ajustan el presupuesto cada vez que sube el precio del gasoil o de la carne.
La disciplina económica, como la que se necesita para correr los 10k con viento antártico, exige mirar los datos sin atajos. Solo así se puede distinguir entre empleo real y empleo de papel. Y solo con esa distinción se podrán tomar decisiones que realmente mejoren la vida de quienes viven y trabajan al sur del paralelo 52.