Cómo se forjó la economía de Ushuaia: de presidio a polo industrial bajo la 19640

Ushuaia no nació como una ciudad pensada para el desarrollo económico. Surgió en 1884 como un presidio destinado a alejar a los reclusos del continente y, de paso, afirmar la soberanía argentina en el extremo sur. Sin embargo, sus primeros pasos productivos fueron mucho más pragmáticos que románticos: la explotación forestal, la cría de ovejas y un incipiente comercio marítimo con los barcos que doblaban el cabo de Hornos.

Durante décadas el motor real de la economía local fue el propio penal. Los presos construían edificios, abrían caminos y mantenían la vida cotidiana de una población que no superaba los 200 habitantes a principios del siglo XX. Cuando el presidio cerró en 1947, la ciudad quedó literalmente huérfana. La pregunta que nadie sabía responder era qué podía producir un lugar tan remoto, con inviernos de seis meses y sin conexión terrestre confiable.

La respuesta llegó en 1972 con la sanción de la ley 19640. Ese marco legal, pensado originalmente para todo el territorio nacional de Tierra del Fuego, convirtió a Ushuaia y Río Grande en una zona franca industrial. Las exenciones impositivas totales durante los primeros años y la posterior reducción de aranceles atrajeron capital que jamás habría venido de otra forma. Las primeras fábricas se instalaron en la década del 70 y 80: textiles, plásticos, ensamblado de electrónicos y, más tarde, producción de artículos deportivos y pequeños electrodomésticos.

Los números de esa primera etapa son elocuentes. Entre 1980 y 1995 el empleo industrial registrado en Ushuaia pasó de menos de 300 puestos a más de 2.800. La población de la ciudad creció casi un 300 % en el mismo período. La ley 19640 funcionó como un imán: generó empleo genuino, aunque también creó las primeras distorsiones que hoy son visibles. Muchas empresas llegaron solo por el beneficio fiscal y, una vez agotado el período de gracia, reestructuraban o cerraban.

El verdadero punto de inflexión llegó en los 90. Mientras el país entero se desindustrializaba por la convertibilidad, Tierra del Fuego —y Ushuaia en particular— vivió una paradoja. La combinación de tipo de cambio competitivo y los beneficios de la 19640 permitió que se radicaran plantas de empresas globales. Marcas de televisores, teléfonos y computadoras ensamblaban aquí productos que luego se vendían en todo el Mercosur. El multiplicador local era alto: cada puesto en la línea de producción generaba entre 1,8 y 2,3 empleos indirectos en logística, servicios y comercio.

Sin embargo, esa etapa también dejó lecciones duras. Cuando la convertibilidad colapsó en 2001, muchas de esas plantas cerraron de un día para el otro. Ushuaia aprendió que la dependencia de un solo régimen impositivo y de un tipo de cambio artificial puede ser tan riesgosa como no tener industria. A partir de allí comenzó una lenta diversificación que todavía está en curso.

El turismo masivo apareció como salvavidas natural. El aeropuerto internacional, la cercanía al Parque Nacional Tierra del Fuego y la imagen de “fin del mundo” permitieron que el sector creciera de forma sostenida. Hoy representa alrededor del 35 % del producto bruto geográfico de Ushuaia, según estimaciones del Ministerio de Economía provincial. Pero también generó una economía estacional que deja a miles de trabajadores sin ingresos entre mayo y octubre. Los datos del SIPA muestran que más del 40 % de los contratos en hotelería y gastronomía duran menos de seis meses.

En paralelo, la industria bajo la 19640 se reinventó. Hoy el foco está en electrónica de consumo, artículos para el hogar y, cada vez más, en la producción de componentes para energías renovables y kits para generación solar. Empresas locales han logrado exportar a Chile, Brasil y, en menor medida, a Europa. Sin embargo, los balances que analizamos año a año muestran una realidad incómoda: el retorno fiscal neto de muchos beneficiarios sigue siendo bajo. Por cada peso que la provincia deja de recaudar en impuestos, recibe entre 0,45 y 0,65 pesos en aportes jubilatorios, obra social y tasas municipales. El resto se fuga como utilidad a casas matrices que rara vez reinvierten en la ciudad.

Esta brecha es el nudo central que cualquier reforma de la 19640 debe resolver. No se trata de eliminar los beneficios de raíz —eso destruiría empleo en el corto plazo y generaría un shock social difícil de absorber—, sino de atarlos a compromisos verificables de empleo genuino, capacitación local, porcentaje mínimo de proveedores fueguinos y reinversión de utilidades. Algunos proyectos que circulan en la Legislatura provincial van en esa dirección, aunque todavía carecen de la profundidad técnica que el problema exige.

Mirando hacia adelante, Ushuaia tiene tres caminos posibles. El primero es profundizar la especialización en industrias de bajo volumen pero alto valor agregado: electrónica médica, instrumentación para investigación polar, software embebido para la industria naval. El segundo es apostar más fuerte al turismo de calidad, con cruceros de bajo impacto y oferta de experiencias premium que dejen mayor derrame local. El tercero —y quizás el más estratégico— es combinar ambos con un eje de sostenibilidad ambiental que aproveche la imagen única del Beagle y los glaciares.

Cualquiera de estos senderos requiere algo que la ciudad no siempre ha tenido: planificación de largo plazo que trascienda los ciclos electorales. La historia económica de Ushuaia demuestra que las ventanas de oportunidad existen, pero se cierran rápido cuando no hay reglas claras ni Estado que exija contrapartidas. Los números no tienen ideología, pero sí memoria: cada vez que se usó la 19640 como subsidio sin control, la provincia terminó pagando la cuenta con menor calidad de vida para sus habitantes.

Hoy, con 42 años de vigencia de la ley que la moldeó, Ushuaia ya no es un presidio ni un pueblo de frontera. Es una ciudad de casi 80.000 habitantes que debe decidir si sigue dependiendo de incentivos temporales o si construye las bases institucionales y productivas para que su economía sea, por fin, genuinamente sostenible. Los datos están disponibles. Solo falta la decisión política de leerlos sin filtros.