Coto cruzó a la gestión fueguina: “En Tierra del Fuego hay un modelo político que se acostumbró a vivir

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Coto, apuntó directamente contra el modelo de financiamiento de la provincia de Tierra del Fuego al afirmar que existe “un modelo político que se acostumbró a vivir de aportes extraordinarios de Nación”.

Las declaraciones se produjeron en el marco de un encuentro sectorial y fueron recogidas por medios patagónicos. Coto cuestionó la dependencia de recursos no automáticos que, a su criterio, distorsiona la gestión pública local y posterga la discusión de fondo sobre la estructura impositiva y de gastos provincial.

Desde hace años, los números del presupuesto fueguino muestran una elevada participación de las transferencias discrecionales y de los fondos específicos que llegan desde el Tesoro nacional. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), más del 70 % de los recursos con los que opera el gobierno provincial provienen de coparticipación federal, regalías y aportes extraordinarios, mientras que la recaudación propia apenas supera el 25 % del total.

La crítica de Coto llega en un momento de tensión entre las provincias patagónicas y el gobierno nacional por la renegociación de la coparticipación y el impacto del RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) en la recaudación futura. En Tierra del Fuego, la discusión se mezcla además con la vigencia del subrégimen de promoción industrial de la Ley 19.640, cuya prórroga y eventual modificación sigue siendo uno de los temas centrales de la agenda legislativa.

Desde la Casa de Gobierno, hasta el momento no hubo respuesta oficial a las declaraciones del titular de la CAC. Sin embargo, legisladores oficialistas recordaron que la provincia enfrenta costos estructurales elevados por su condición de territorio austral: transporte, combustible, gas invernal y prestación de servicios en tres ciudades separadas por cientos de kilómetros.

“Es fácil criticar desde Buenos Aires sin conocer la realidad de los costos fueguinos”, señaló un referente del bloque oficialista en la Legislatura provincial, aunque evitó nombrar directamente a Coto. En privado, funcionarios admiten que la dependencia de recursos nacionales es un problema de larga data que se agravó con la caída de la actividad industrial en el parque de Río Grande y la merma en la recaudación de AREF durante 2025 y lo que va de 2026.

El debate no es nuevo. En 2019, durante la reforma parcial de la Constitución provincial, ya se intentó incorporar mecanismos de responsabilidad fiscal y mayor autonomía tributaria, pero el proyecto no prosperó. Hoy, con un escenario nacional que prioriza el ajuste y la eliminación de transferencias discrecionales, la advertencia de Coto vuelve a poner el foco en la necesidad de repensar el modelo.

Para el fueguino común, el impacto es concreto. Una eventual reducción de los aportes nacionales sin una compensación en materia de recaudación propia o de coparticipación automática podría traducirse en recortes en salud, educación o en el subsidio al gas invernal, uno de los ítems más sensibles del presupuesto provincial. Al mismo tiempo, la industria electrónica y el comercio local reclaman previsibilidad y menor presión tributaria para poder competir.

Mario Coto, empresario de larga trayectoria y referente del sector comercial, suele evitar confrontaciones directas con gobiernos provinciales. Su intervención de este martes 13 de octubre de 2026 adquiere, por eso, mayor peso político. Fuentes cercanas a la CAC indicaron que el mensaje busca presionar para que las provincias patagónicas avancen en una agenda común de competitividad y reducción de la dependencia fiscal.

En la Legislatura, donde sesionan 15 representantes de los tres departamentos, ya circulan proyectos para modificar la Ley de Responsabilidad Fiscal provincial y para crear un fondo anticíclico que mitigue los vaivenes de los recursos nacionales. Ninguno de ellos cuenta aún con dictamen de comisión.

Lo cierto es que el cruce expone una grieta que trasciende las banderías partidarias: la sostenibilidad del esquema actual de financiamiento público en Tierra del Fuego. Mientras Nación busca achicar el gasto y las transferencias, la provincia deberá definir si mantiene el sendero de la dependencia o inicia un camino —lento y políticamente costoso— hacia mayor autofinanciamiento.