Detienen en México a exgobernador Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa
La fiscalía mexicana acusó al exmandatario de Guerrero de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014. La detención se produjo este viernes en la Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República de México anunció este viernes 7 de agosto la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador del estado de Guerrero, en el marco de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014.
Aguirre, quien gobernaba Guerrero al momento de los hechos, enfrenta cargos por desaparición forzada y por haber participado en el ocultamiento de evidencias relacionadas con el caso, uno de los más graves y emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México.
Según informó la fiscalía, el exfuncionario fue aprehendido en la Ciudad de México y ya se encuentra a disposición de un juez de control. Las autoridades mexicanas indicaron que la detención se enmarca en una línea de investigación que busca esclarecer las responsabilidades políticas y materiales de los hechos ocurridos en Iguala, donde los estudiantes fueron interceptados por policías municipales y presuntamente entregados a sicarios del cártel Guerreros Unidos.
El caso Ayotzinapa generó una profunda crisis política en Guerrero y a nivel nacional. Aguirre, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en aquel entonces, renunció a su cargo en octubre de 2014 ante la presión social y las evidencias de omisión e inacción de su gobierno. Desde entonces, diferentes administraciones federales habían intentado avanzar en la investigación con resultados limitados y fuertes cuestionamientos de los familiares de las víctimas y de organismos internacionales.
La detención de Aguirre se produce en un contexto donde persisten numerosas incógnitas sobre el paradero de los jóvenes. Según el último informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, presentada en 2024, existen elementos que indican que parte de los estudiantes fueron asesinados y sus restos incinerados, aunque no se ha logrado identificar a todos ni establecer la cadena completa de responsabilidades.
Desde Tierra del Fuego, donde la causa Malvinas y los temas de derechos humanos ocupan un lugar central en la agenda provincial, el caso Ayotzinapa ha sido seguido con atención por organizaciones sociales y de derechos humanos. Familiares de los normalistas han visitado el país en varias oportunidades para buscar apoyo internacional y visibilizar su reclamo de justicia.
La fiscalía aseguró que la investigación continúa abierta y que se espera que la detención de Aguirre permita avanzar en la identificación de otros funcionarios y agentes que habrían participado en la desaparición o en la alteración de la escena del crimen. Por su parte, el exgobernador había negado en reiteradas ocasiones cualquier responsabilidad directa en los hechos.
Este nuevo capítulo judicial reabre heridas que siguen sin cerrarse para las familias de los 43 estudiantes, quienes exigen desde hace doce años saber la verdad y el castigo a todos los responsables, desde los ejecutores materiales hasta los que ocupaban los cargos políticos más altos en 2014.