Diputado propone denunciar acuerdos con Chile para retirar beneficios fiscales a empresas por ruta a Malvinas

El diputado nacional Guillermo Michel, integrante del bloque Unión por la Patria, presentó una iniciativa legislativa para que el Poder Ejecutivo argentino avance en la denuncia de dos acuerdos bilaterales firmados con Chile que otorgan beneficios fiscales y protección a las inversiones de empresas de ese país.

La propuesta surgió tras el anuncio de la reanudación de la ruta marítima comercial entre Punta Arenas, en Chile, y las Islas Malvinas, que se concretaría con el buque Danstar, de bandera chilena, operado por la empresa naviera Easter Island. Michel considera que esta conexión favorece la logística comercial de las islas en un momento en que la Argentina mantiene su reclamo histórico de soberanía.

El proyecto solicita específicamente al Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, que denuncie dos instrumentos internacionales: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y el Convenio para Evitar la Doble Imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, aprobado por la Ley 27.274. Ambos establecen condiciones favorables para las inversiones chilenas y un tratamiento impositivo preferencial para determinadas rentas.

De concretarse la salida de esos acuerdos, las empresas chilenas perderían las ventajas previstas en materia fiscal y de protección de inversiones en territorio argentino. Sin embargo, la presentación del diputado no modifica por sí misma los beneficios existentes. Para que la medida se concrete, el Gobierno nacional deberá evaluar la iniciativa, iniciar los procedimientos diplomáticos correspondientes y, eventualmente, denunciar los tratados.

Esta propuesta reabre el debate sobre el uso de herramientas económicas y diplomáticas en el marco del reclamo argentino por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. En Tierra del Fuego, donde la causa malvinera forma parte de la identidad provincial y se mantiene como política de Estado, el anuncio de la ruta marítima generó preocupación entre veteranos, autoridades y sectores políticos.

Desde Ushuaia, principal gateway antártico y ciudad con fuerte vínculo histórico con Malvinas, se insiste en que cualquier actividad logística que consolide la presencia británica en el Atlántico Sur debe ser analizada con rigor. La provincia, bicontinental por naturaleza, ve en estos temas no solo una cuestión de soberanía histórica sino una definición del presente y el futuro del extremo sur del país.

El diputado Michel argumentó que permitir este tipo de conexiones comerciales sin contramedidas equivale a aceptar pasivamente el fortalecimiento de la economía de las islas bajo administración británica. La iniciativa busca, según sus impulsores, generar una respuesta concreta que ponga en la mesa de discusión la coherencia entre el discurso de soberanía y las acciones concretas en materia económica y bilateral.

En los últimos años, la relación con Chile ha sido clave para la logística antártica y el turismo polar que opera desde Ushuaia, pero el vínculo comercial directo con Malvinas genera una línea de tensión específica. Fuentes cercanas a la cuestión malvinera en la provincia coinciden en que cualquier medida que busque desincentivar el apoyo logístico externo al enclave británico merece ser debatida con seriedad en el Congreso y en la Cancillería.

El proyecto se enmarca en un contexto más amplio donde la Argentina busca reforzar su presencia en el Atlántico Sur, con iniciativas como la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico Ushuaia-Petrel. Para los fueguinos, Malvinas no es una efeméride de abril: es un reclamo diario que atraviesa la política, la economía y la identidad del fin del mundo.