Educación en Tierra del Fuego: por qué los egresados no encuentran empleo genuino pese a la inversión récord
A pesar de que el gasto educativo provincial supera el 28 % del presupuesto total, los datos del Observatorio Laboral muestran una brecha creciente entre lo que enseñan las escuelas y lo que demandan las PyMEs fueguinas. Un análisis de los retornos reales de esa inversión.
Mientras el gobierno provincial anunció en junio pasado que el gasto en educación alcanzará los 48.200 millones de pesos en 2026, los números del Ministerio de Trabajo y del SIPA cuentan una historia diferente. Solo el 41 % de los jóvenes que egresaron del secundario en 2024 consiguieron un empleo formal en los primeros 18 meses tras terminar sus estudios. El resto se mantiene en empleos precarios, subsidios o directamente emigra.
Esta brecha no es nueva, pero se profundizó. Según datos abiertos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Tierra del Fuego invierte por alumno un 37 % más que el promedio patagónico. Sin embargo, el multiplicador de ese gasto en empleo genuino es de los más bajos del país: cada peso invertido en educación genera apenas 0,28 puestos de trabajo netos a tres años vista. En comparación, Santa Cruz, con menor inversión relativa, alcanza 0,51.
El problema no está en el presupuesto, sino en la alineación. Un relevamiento realizado por la newsletter Números Fueguinos a 187 PyMEs de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin en el primer semestre de 2026 reveló que el 68 % de las empresas manufactureras y de servicios calificados declara no encontrar perfiles adecuados entre los egresados locales. Las demandas más frecuentes son programación aplicada a procesos industriales, mantenimiento de energías renovables, gestión logística para zonas francas y competencias blandas de resolución de problemas bajo presión.
En cambio, los planes de estudio del secundario técnico siguen anclados en perfiles de los 90: electricidad básica, mecánica tradicional y contabilidad manual. Solo el 12 % de los colegios secundarios técnicos de la provincia tiene convenios activos con empresas para prácticas reales que superen las 80 horas anuales. El resultado es previsible: los chicos aprenden con equipamiento obsoleto mientras las fábricas que gozan de beneficios de la 19640 importan técnicos de otras provincias o directamente del exterior.
Mirando el impacto distributivo, la brecha es aún más marcada. En Río Grande, donde se concentra la industria electrónica y de plásticos, la desocupación juvenil con secundario completo llega al 19,4 %. En Ushuaia, más orientada al turismo y servicios, baja al 11 %, pero con alta rotación: los egresados duran menos de 8 meses en promedio en su primer empleo. Tolhuin, con menor oferta educativa superior, registra la mayor migración de jóvenes calificados hacia continente.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta desconexión genera un doble costo. Por un lado, el Estado sigue financiando una educación que no devuelve en impuestos lo invertido. Por otro, las empresas pagan salarios más altos para traer talento de afuera, lo que erosiona la competitividad de la ley 19640. Un estudio del Banco Mundial sobre zonas francas similares (Irlanda, Mauritius y República Dominicana) muestra que las que lograron mayor crecimiento vincularon sus currículas técnicas a las necesidades productivas con revisiones anuales obligatorias. Tierra del Fuego aún no lo hace.
Algunos avances existen, pero son puntuales. El bachillerato en energías renovables que funciona en la Escuela Técnica de Ushuaia desde 2022 tiene una inserción laboral del 76 % a los 12 meses. Lo mismo ocurre con el programa piloto de programación industrial en el CET 18 de Río Grande, que surgió de un convenio directo entre el Ministerio de Educación y tres fábricas. Estos casos demuestran que cuando la currícula se construye desde la demanda real, el retorno fiscal se multiplica por 2,8 en 36 meses.
Sin embargo, estas experiencias siguen siendo excepciones. La mayoría de las reformas curriculares se discuten en mesas técnicas sin presencia empresaria ni datos de empleabilidad. El clientelismo en la contratación docente y la resistencia sindical a la evaluación de resultados terminan congelando cualquier cambio estructural. Mientras tanto, miles de familias fueguinas invierten sus esperanzas en una educación que, según los balances, no está cumpliendo su función económica principal: preparar a los jóvenes para generar valor en la provincia.
La pregunta incómoda que surge de los datos es clara: ¿hasta cuándo seguiremos celebrando más presupuesto educativo sin exigir que cada peso se traduzca en empleos concretos y sostenibles? Reformar la 19640 sin reformar al mismo tiempo la educación técnica es como mejorar el motor sin capacitar al conductor. Ambas cosas tienen que ocurrir juntas o ninguna funcionará en el mediano plazo. Los números, una vez más, no tienen ideología. Solo muestran que estamos pagando caro por seguir haciendo lo mismo.
