El subrégimen industrial de la Ley 19.640: el corazón del empleo en Tierra del Fuego

El subrégimen industrial establecido por la Ley 19.640 es, sin exagerar, el pilar que sostiene la economía productiva de Tierra del Fuego. Promulgada en 1972 durante el gobierno de Lanusse, la norma buscaba poblar y desarrollar la provincia más austral del país mediante incentivos fiscales y aduaneros. Hoy, casi 52 años después, ese marco legal sigue siendo el que permite que miles de fueguinos cobren su sueldo a fin de mes en las líneas de montaje de Río Grande.

El mecanismo es relativamente sencillo pero de alto impacto. Las empresas que se instalan en el Parque Industrial de Río Grande gozan de exención prácticamente total de impuestos nacionales (Ganancias, IVA, aportes patronales) durante el tiempo que dura el régimen. Además, los bienes que se producen bajo este paraguas entran al resto del país pagando aranceles de importación mucho más bajos que los que pagarían si fueran fabricados en el exterior. Esa diferencia arancelaria es la que hace viable producir en el fin del mundo, donde los costos logísticos y de energía son naturalmente más altos.

En la práctica, el subrégimen se aplica a través de un régimen de admisión temporaria de insumos y componentes. La empresa importa partes (pantallas, motherboards, compresores, chips) casi sin pagar aranceles, las ensambla en Tierra del Fuego y luego despacha el producto terminado al continente con un arancel preferencial. El Estado, a cambio, exige que se cumplan determinados porcentajes de valor agregado local y de mano de obra fueguina. Ese equilibrio entre incentivo y exigencia es lo que AFARTE y la UOM defienden cada vez que se discute el régimen en Buenos Aires.

Hoy la mayor parte de la actividad se concentra en el sector electrónico de consumo. En las plantas de Río Grande se fabrican celulares (principalmente de las marcas Samsung, Motorola y LG a través de contratistas), televisores LED y smart TV, aires acondicionados split, heladeras, lavarropas y microondas. También hay líneas de producción de estufas y artefactos para gas. Según datos del Ministerio de Producción provincial, la electrónica representa más del 75% del valor de la producción industrial fueguina bajo el subrégimen.

Tres grupos lideran el tablero. Mirgor, con plantas propias y también como contratista de terminales, es el mayor empleador privado de la provincia. Newsan (dueña de las marcas Philco, Atma y Sanyo, entre otras) opera varias terminales y mantiene una fuerte integración con proveedores locales. BGH, por su parte, tiene larga trayectoria en el ensamblado de celulares y aires acondicionados. Juntas, estas tres compañías y sus contratistas explican más del 80% de los empleos directos del parque industrial.

El peso de este esquema en la economía provincial es abrumador. Según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística, la industria manufacturera representa alrededor del 22% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de Tierra del Fuego. Dentro de ese porcentaje, el subrégimen de la 19.640 explica más del 90%. En términos de empleo privado formal, las fábricas del régimen generan cerca de 7.500 puestos directos y otros 4.000 indirectos (transporte, logística, servicios y proveedores). Eso significa que uno de cada tres empleos privados registrados en la provincia depende, de manera directa o indirecta, de la Ley 19.640.

Para ponerlo en perspectiva: cuando en 2019 se discutió la quita de aranceles a televisores de más de 50 pulgadas, las terminales de Río Grande frenaron la producción durante casi dos meses. Las suspensiones afectaron a más de 2.000 trabajadores. El episodio dejó en claro que, aunque el régimen es una herramienta de política industrial, su continuidad depende en gran medida de las decisiones arancelarias que se toman en la Secretaría de Comercio de la Nación.

Precisamente ahí radica uno de los debates más candentes. Los críticos sostienen que el subrégimen genera una industria de “ensamble” con bajo valor agregado local (que ronda el 25-30% en promedio) y que termina subsidiando, vía aranceles, el consumo de los sectores medios del país. Los defensores responden que, en un país con altos costos laborales y logísticos, sin el incentivo arancelario la producción simplemente se iría a Brasil, México o directamente a Asia. Además destacan que el régimen generó una cadena de valor que incluye moldeo de plásticos, inyección, serigrafía, cables, cartón corrugado y servicios logísticos que no existirían sin las terminales electrónicas.

Desde AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica) se insiste en que el horizonte del régimen debe extenderse más allá de 2038, fecha en la que originalmente caducaban muchos beneficios. La entidad propone un esquema de “desgravación gradual” que reduzca los incentivos fiscales a medida que aumenta el valor agregado local. También reclaman estabilidad en las alícuotas de aranceles de importación para que las empresas puedan planificar inversiones a cinco o diez años.

La UOM Río Grande, por su parte, pone el acento en el empleo. “Cada punto que baja el arancel a un televisor o a un celular es un operario menos en la línea”, repiten sus delegados. El gremio ha impulsado en los últimos años la discusión sobre la reconversión productiva: pasar de un modelo de ensamble a uno de mayor integración tecnológica. Proyectos como la fabricación de paneles solares o de componentes para energías renovables han sido mencionados, aunque todavía sin escala relevante.

La diversificación productiva es, de hecho, el gran desafío pendiente. Más allá de la electrónica, el subrégimen también ampara a empresas de plásticos, textiles, madera y alimentos. Sin embargo, ninguna de estas actividades alcanzó la masa crítica de la electrónica. El gobierno provincial y el Consejo Económico y Social han puesto en marcha programas de incubación de PyMEs y de apoyo a startups tecnológicas, pero los resultados aún son modestos comparados con los 11.500 empleos que genera el régimen vigente.

Desde el punto de vista fiscal, el costo para el Estado nacional es significativo. Se estima que los beneficios impositivos y aduaneros suman alrededor de 650 a 750 millones de dólares anuales. Sin embargo, el retorno en empleo y actividad económica en una provincia que tiene muy pocas alternativas productivas es el argumento que siempre se esgrime en cada renegociación.

Mirar el futuro del subrégimen implica entender que no se trata solo de una norma técnica. Es una política de desarrollo regional que definió el perfil demográfico y económico de Río Grande. Sin ella, la ciudad más poblada de la provincia perdería su principal motor de empleo privado. Por eso cada vez que en Buenos Aires se habla de “bajar aranceles” o de “eliminar regímenes promocionales”, en Río Grande se revisan los balances de las terminales, se cuentan los operarios por línea y se calcula cuántos puestos estarían en riesgo.

La experiencia de las últimas dos décadas muestra que el régimen ha demostrado una notable resiliencia. Sobrevivió a crisis económicas, cambios de gobierno y presiones de sectores importadores. Pero esa resiliencia no es infinita. Requiere actualización permanente: mayor exigencia de valor agregado local, incorporación de tecnología, formación de recursos humanos y, sobre todo, un horizonte claro más allá de 2030.

Para el fueguino común, la Ley 19.640 no es un tema de especialistas. Es el recibo de sueldo de diciembre, la posibilidad de comprar la heladera en 12 cuotas sin interés, el colectivo que llena la ruta nacional 3 entre las 6 y las 8 de la mañana. Mientras el subrégimen funcione, Río Grande seguirá siendo una ciudad industrial. Cuando deje de hacerlo, el mapa productivo de la provincia más austral del país tendrá que ser completamente rediseñado.