Emergencia comercial en Tierra del Fuego: subsidio al 100% de Ingresos Brutos pero con requisitos que dejan

El Asunto 663/26, presentado por el legislador Federico Sciurano, propone declarar la emergencia comercial en toda la provincia de Tierra del Fuego por el plazo de doce meses. Entre sus principales herramientas figura un subsidio equivalente al 100% del monto que corresponda abonar por Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que regiría inicialmente por seis meses y podría prorrogarse por igual período.

Para acceder al beneficio, los comercios deberán acreditar una caída real de facturación superior al 25% al comparar períodos equivalentes de 2026 contra 2025, actualizando los valores mediante el Índice de Precios al Consumidor. Además, será obligatorio mantener como mínimo la misma cantidad de trabajadores registrados que integraban la planta en junio de 2026. Los contribuyentes adheridos al Convenio Multilateral quedan expresamente excluidos de este subsidio.

Estas condiciones generan las primeras dudas. Un comercio que haya registrado una baja del 24% o menos no alcanzará el umbral exigido, aunque su situación sea crítica. Del mismo modo, quien haya reducido personal después de junio de este año para evitar el cierre quedará fuera de la asistencia, aunque esa decisión haya sido precisamente consecuencia de la crisis. De esta forma, para demostrar que se necesita ayuda se exige primero haber sobrevivido buena parte del deterioro sin modificar la estructura laboral.

El proyecto también vuelve a ubicar al Banco de Tierra del Fuego como actor central. Solicita implementar promociones de consumo con descuentos, reintegros, cuotas sin interés o tasas preferenciales, y crear un programa especial de financiamiento para capital de trabajo, pago de salarios, refinanciación de obligaciones, adquisición de mercadería, insumos y equipamiento.

Sin embargo, el texto no establece montos máximos por beneficiario, garantías exigidas, scoring crediticio, nivel máximo de endeudamiento ni condiciones concretas para calificar como sujeto de crédito. El artículo 15 del proyecto deja explícitamente en manos del BTF la definición posterior de tasas, montos, plazos, garantías y mecanismos de evaluación. Tras años de anuncios similares, esta falta de definiciones previas genera desconfianza en el sector.

No se trata de la primera iniciativa de este tipo. En 2019, la Legislatura sancionó la Ley Provincial 1281 que declaró la Emergencia Comercial por 180 días, prorrogables por igual período, y autorizó a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a suspender ejecuciones fiscales. Durante la pandemia, en 2020, se lanzó el programa PROGRESO junto con siete líneas crediticias del Banco de Tierra del Fuego con tasas del 23% anual, plazos de 24 meses y hasta nueve meses de gracia.

En 2021 llegó PROGRESO II, con créditos de hasta 10 millones de pesos a tasa subsidiada del 22% durante las primeras 24 cuotas. Según datos oficiales de entonces, la primera etapa colocó cerca de 700 millones de pesos y alcanzó a más de 400 empresas. En 2024 se implementó el Programa de Fortalecimiento al Consumo, con más de 180 operaciones, créditos de hasta 20 millones, tres meses de gracia y tasa fija subsidiada del 25%.

Ya en 2026, en enero el BTF anunció reducción de tasas al 37% para capital de trabajo y 39% para bienes de capital. En agosto se presentaron nuevas medidas de alivio y desendeudamiento con refinanciaciones y períodos de gracia. A pesar de la sucesión de programas, la crisis del comercio reaparece año tras año en las tres ciudades fueguinas.

El proyecto actual contempla la presentación de informes trimestrales que deberán detallar cantidad de establecimientos beneficiados, montos destinados, puestos laborales preservados y resultados de los programas de financiamiento. Esa exigencia de transparencia es positiva, aunque el sector reclama que se publiquen también datos de solicitudes recibidas, aprobaciones, rechazos y motivos.

El Asunto 663/26 se discute en la antesala de un año electoral, lo que inevitablemente instala la pregunta sobre el timing de la medida. El texto no contiene elementos que permitan calificarla como electoralista, pero después de una década de emergencias y anuncios resulta razonable exigir que las reglas sean claras de antemano y que la asistencia llegue efectivamente a quien más la necesita.

Entre las preguntas que quedan abiertas figuran por qué se exige un piso tan rígido del 25% de caída de facturación sin establecer beneficios escalonados, qué sucederá con quienes debieron reducir personal para sobrevivir, cuántos quedarán afuera por estar adheridos al Convenio Multilateral y a qué tasa concreta prestará finalmente el Banco de Tierra del Fuego.

La diferencia entre una política pública efectiva y un nuevo anuncio estará, precisamente, en cuántos comercios logren atravesar la puerta del banco y recibir la ayuda prometida. Después de tantos programas, el comercio fueguino ya no necesita que le expliquen que la situación es difícil: la vive todos los días detrás del mostrador.