Gobierno provincial vuelve a delegar en el Superior Tribunal el futuro de la reforma constitucional
El Ejecutivo fueguino remitió al máximo tribunal local la definición sobre la continuidad del proceso de reforma de la Constitución provincial, en medio de cuestionamientos judiciales y políticos.
El Gobierno de Tierra del Fuego volvió a trasladar al Superior Tribunal de Justicia la responsabilidad de definir el futuro del proceso de reforma de la Constitución provincial. La decisión se formalizó esta semana a través de una presentación judicial que deja en manos de los magistrados la resolución de los planteos de inconstitucionalidad que pesan sobre la convocatoria.
Fuentes cercanas a la Casa de Gobierno confirmaron que el Ejecutivo optó por esta vía luego de que el propio tribunal advirtiera sobre posibles vicios en el procedimiento legislativo que dio origen a la ley de reforma. El Superior Tribunal ya había recibido el expediente con anterioridad, pero había devuelto las actuaciones para que el Gobierno aclarara ciertos aspectos formales.
La reforma constitucional había sido impulsada con el objetivo de modernizar varios aspectos de la Carta Magna vigente desde 1991, incluyendo la reelección indefinida de intendentes, modificaciones en el régimen electoral y actualizaciones en materia de derechos ambientales. Sin embargo, el proceso se vio entorpecido por cuestionamientos tanto de la oposición como de sectores de la sociedad civil que denunciaron falta de debate y posibles irregularidades en la sanción de la norma.
Desde el bloque del Partido Popular Fueguino y del radicalismo manifestaron su sorpresa ante la nueva demora. “Otra vez le tiran la pelota al Tribunal. Esto demuestra que no hay apuro real por avanzar con una reforma que, en los hechos, parece más un instrumento político que una necesidad institucional”, señaló un legislador que pidió reserva de su nombre.
En Río Grande, donde el debate constitucional siempre genera mayor escepticismo por el peso específico de la industria y el empleo, referentes de la UOM y de la Cámara de Comercio local coincidieron en que el foco de la provincia debería estar puesto en la defensa del subrégimen industrial de la Ley 19.640 antes que en cambios constitucionales de resultado incierto.
El Superior Tribunal de Justicia, integrado por tres ministros, deberá ahora expedirse sobre la admisibilidad de los recursos presentados y determinar si el proceso sigue adelante o si, por el contrario, debe retrotraerse a instancias legislativas para subsanar las irregularidades señaladas. Fuentes judiciales indicaron que la resolución podría demorar entre 30 y 60 días, ya que los magistrados analizan también precedentes de otras provincias.
Desde el oficialismo aseguraron que la decisión de remitir nuevamente el expediente no implica un retroceso, sino un “acto de responsabilidad institucional” para garantizar que el eventual cambio constitucional se ajuste estrictamente a derecho. “Queremos una reforma que resista cualquier impugnación futura”, sostuvieron.
El tema ya genera expectativa en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Organizaciones vecinales de las tres ciudades han anunciado que seguirán de cerca la resolución del Superior Tribunal, ya que consideran que cualquier modificación a la Constitución provincial impactará directamente en la distribución de recursos, la autonomía municipal y las políticas de desarrollo local.
Hasta el momento, ni el gobernador ni los ministros del área se han pronunciado públicamente sobre esta nueva postergación. El silencio oficial contrasta con la urgencia que se planteaba hace apenas unos meses, cuando se anunciaba la reforma como una de las principales banderas de gestión.
El desenlace de este traslado judicial será clave no solo para el futuro institucional de la provincia, sino también para la forma en que el próximo Presupuesto 2025 y las eventuales negociaciones con Nación encaren temas sensibles como coparticipación, defensa del empleo industrial y el rol de los municipios.
