Gracianía denunció irregularidades en el concurso para Defensor de Niños y Adolescentes
La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, cuestionó la falta de transparencia y los cambios de reglas durante el proceso de selección del nuevo Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Advirtió que el concurso podría haber sido diseñado para beneficiar a determinadas personas.
La legisladora provincial Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) puso bajo la lupa el concurso público para la designación del nuevo Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y alertó sobre posibles irregularidades en su desarrollo.
En declaraciones recogidas por Red 23, la diputada advirtió que “puede pensarse que fue hecho para determinadas personas”, en referencia a modificaciones en las bases y condiciones que se habrían introducido a lo largo de las distintas etapas del proceso.
Según la legisladora riograndense, el concurso adolece de falta de transparencia en la publicación de los puntajes y en la forma en que se evaluaron los antecedentes de los postulantes. Gracianía señaló que se habrían alterado criterios de manera arbitraria una vez iniciado el llamado, lo que pondría en duda la imparcialidad del mecanismo.
El Defensor Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano de rango constitucional creado para garantizar la protección integral de ese sector de la población. Su titular es elegido por la Legislatura provincial a partir de un concurso de antecedentes y oposición, tal como establece la Ley provincial 1.233 y su modificatoria.
“Cuando cambian las reglas en el medio del partido, uno tiene que preguntarse para qué se hace”, sostuvo Gracianía, quien reclamó mayor claridad en la difusión de las actas y los puntajes obtenidos por cada participante. La legisladora también exigió que se publiquen los fundamentos de las decisiones adoptadas por el jurado evaluador.
Desde el oficialismo provincial y sectores de la oposición se ha defendido el proceso argumentando que se respetaron los plazos y las instancias establecidas. Sin embargo, la denuncia de Gracianía suma tensiones al debate sobre la independencia y la transparencia de los organismos de control y defensa de derechos en Tierra del Fuego.
El concurso se encuentra en sus etapas finales y el nombre del nuevo Defensor podría ser elevado a la Legislatura en las próximas semanas. Hasta el momento, la Casa de Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura no han emitido comunicados oficiales sobre las observaciones formuladas por la legisladora de La Libertad Avanza.
Este tipo de cuestionamientos no son nuevos en la provincia. En los últimos años, varios concursos para cargos clave —como miembros del Tribunal de Cuentas o del Consejo de la Magistratura— han generado polémica por supuestas irregularidades y falta de publicidad de los expedientes.
Para el fueguino común, la designación del Defensor Provincial resulta relevante porque se trata de la máxima autoridad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes ante el Estado, las familias y terceros. Una institución percibida como poco transparente o sesgada puede afectar la confianza en las políticas de protección a la infancia en las tres ciudades de la provincia.