Indagan a cabo de la Comisaría Cuarta por arrojar gas pimienta en un nuevo caso de apremios

Este miércoles 7 de octubre está prevista la declaración indagatoria de un cabo primero de la Comisaría Cuarta de margen sur, imputado por arrojar gas pimienta a un hombre que ya había sido víctima de apremios ilegales por parte del mismo efectivo.

El hecho investigado ocurrió en marzo pasado y se suma a otra causa previa por apremios contra el mismo policía. Además, la semana pasada la comisaría registró una nueva denuncia por violencia policial, lo que eleva la preocupación sobre el accionar de esa dependencia en Río Grande.

Según los datos disponibles, el cabo primero enfrenta cargos por abuso de autoridad y posible aplicación de apremios ilegales en el episodio del gas pimienta. La víctima ya había formalizado una denuncia anterior contra el mismo agente, lo que convierte al caso en un patrón preocupante dentro de la misma comisaría.

La problemática policial en Río Grande no es nueva. En los últimos años se han registrado varias denuncias contra efectivos por excesos en el uso de la fuerza, especialmente en los barrios del margen sur. Estos hechos generan inquietud entre los vecinos y ponen en foco la necesidad de controles internos más estrictos por parte del Ministerio de Seguridad provincial.

La indagatoria de este miércoles se llevará adelante en el marco de la causa penal que investiga el fiscal a cargo. Se espera que el efectivo brinde su versión de los hechos, mientras que la víctima ya ratificó su denuncia en sede judicial.

Desde la Jefatura de Policía se informó que se está realizando una investigación administrativa paralela para determinar posibles sanciones internas, independientemente del resultado de la causa penal. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el cabo fue apartado preventivamente de sus funciones.

Este tipo de episodios impactan directamente en la percepción de seguridad de los riograndenses. Cuando los vecinos perciben que quienes deben protegerlos pueden incurrir en abusos, se erosiona la confianza en la institución policial, algo que el Gobierno provincial no puede pasar por alto.

El caso también revive el debate sobre los protocolos de uso de la fuerza y los elementos no letales como el gas pimienta. Organizaciones de derechos humanos locales han pedido mayor capacitación y controles rigurosos para evitar que estos elementos se utilicen como herramienta de castigo en lugar de para contener situaciones de riesgo.

La Comisaría Cuarta, ubicada en una zona de alta conflictividad social, acumula ahora al menos tres denuncias por apremios en un corto período. Esto obliga a las autoridades a analizar si se trata de casos aislados o si existe un problema más profundo de formación y supervisión en esa unidad.

La Justicia tiene ahora la responsabilidad de avanzar con celeridad y transparencia. Los fueguinos esperan que se determinen responsabilidades claras y que se apliquen las sanciones correspondientes, tanto en el ámbito penal como en el administrativo, para que estos hechos no queden impunes.