Justicia Federal reactiva causa contra petroleras por explotación en Malvinas

La Justicia Federal con asiento en Ushuaia decidió dar un nuevo impulso a la causa penal que investiga a varias petroleras extranjeras por la presunta explotación ilegal de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, en violación a la legislación argentina y a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Según confirmaron s judiciales consultadas por este medio, el juez a cargo del expediente ordenó una serie de medidas de prueba que permitirán avanzar en la identificación de las empresas y los directivos involucrados. La investigación se centra en actividades de exploración y extracción de petróleo realizadas sin autorización del Gobierno argentino desde la ocupación británica ilegal de 1982.

La causa se inició hace varios años tras denuncias presentadas por organismos de derechos humanos, veteranos de Malvinas y legisladores fueguinos. Entre las empresas señaladas figuran firmas británicas, estadounidenses y de otras nacionalidades que operaron en la cuenca norte y sur de las islas, realizando perforaciones exploratorias y, en algunos casos, produciendo hidrocarburos que luego fueron comercializados en el mercado internacional.

Desde la perspectiva fueguina, este avance judicial representa mucho más que un trámite administrativo. Tierra del Fuego es la provincia más cercana al archipiélago y sus habitantes han sostenido históricamente la causa por la soberanía como un eje identitario. “Cada barril extraído sin nuestro consentimiento es un recurso que nos pertenece y que se lleva una potencia extranjera”, resumió un veterano de guerra consultado por El Diario.

En los últimos meses, el expediente había mostrado poca actividad. El nuevo impulso se da en un contexto donde el Gobierno nacional reafirma su postura de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. s de la Cancillería indicaron que el caso se enmarca en la doctrina argentina de no reconocer ningún acto administrativo o de explotación realizado por el Reino Unido en territorio argentino ilegalmente ocupado.

La investigación penal busca determinar si se configuraron delitos como usurpación de dominio público, extracción ilegal de recursos naturales y violación de las leyes de soberanía. De comprobarse la responsabilidad de las empresas, podrían enfrentar sanciones económicas, pedidos de extradición de directivos y acciones civiles para el resarcimiento de los daños provocados al patrimonio nacional.

Desde Río Grande y Ushuaia, diversas organizaciones de excombatientes y asambleas populares vienen reclamando que la causa no quede archivada. En Tolhuin, el Centro de Veteranos de Malvinas emitió un comunicado donde celebra el avance pero exige que se cite a todos los involucrados, incluyendo a las firmas que operaron en sociedad con las británicas.

Especialistas en derecho internacional consultados explicaron que, aunque la aplicación práctica de una eventual condena enfrenta desafíos por la ocupación británica, el expediente sirve para mantener viva la reclamación argentina ante foros multilaterales y para generar antecedentes jurídicos que podrían utilizarse en futuras negociaciones.

El caso también tiene impacto en la agenda energética provincial. Mientras en la Cuenca Austral se desarrollan proyectos legítimos como el gasoducto Fénix y las inversiones de Total Austral, la explotación no autorizada en Malvinas representa una competencia desleal y una pérdida de recursos que podrían destinarse al desarrollo de Tierra del Fuego.

Desde la redacción seguimos de cerca los próximos pasos del Juzgado Federal. Se espera que en las próximas semanas se libren exhortos internacionales y se soliciten informes a la Secretaría de Malvinas de la Cancillería y al Instituto Antártico Argentino para fortalecer la prueba documental.

Este nuevo capítulo de la causa judicial refuerza el compromiso provincial con la cuestión de soberanía, un tema que trasciende gobiernos y que forma parte del ADN de los fueguinos.