Legislatura fueguina debate emergencia en la Caja de Previsión Policial y Penitenciaria
Los legisladores continúan el tratamiento de un proyecto que declara la emergencia económica y financiera de la Caja de Previsión Social Policial y Penitenciaria de la provincia. La iniciativa busca garantizar el pago de haberes jubilatorios y evitar el colapso del sistema previsional provincial.
La Legislatura de Tierra del Fuego avanza en el debate de un proyecto de ley que declara la emergencia en la Caja de Previsión Social Policial y Penitenciaria. La medida, que ya cuenta con dictamen de comisión, busca otorgar herramientas al Ejecutivo provincial para sostener el pago de jubilaciones y pensiones de los sectores de seguridad.
Según los fundamentos del proyecto, la caja afronta un déficit estructural que pone en riesgo la continuidad de los haberes. Los legisladores analizan mecanismos de financiamiento extraordinario y la posibilidad de reestructurar deudas para evitar un default previsional que afectaría directamente a cientos de jubilados fueguinos.
El debate se da en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas provinciales. En Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, las familias de policías y penitenciarios siguen con atención las discusiones, ya que una eventual demora en los pagos impactaría en el consumo local y en la economía de las tres ciudades. El proyecto también contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por representantes de la Legislatura, el sector pasivo y el Ejecutivo. Esta instancia tendría como objetivo transparentar el uso de los fondos y proponer reformas de mediano plazo para sanear las cuentas de la caja.
Desde los bloques que impulsan la iniciativa se argumenta que la emergencia es una herramienta temporal y necesaria. “No podemos permitir que los jubilados policiales y penitenciarios queden expuestos a la incertidumbre”, sostuvo uno de los diputados durante la discusión en comisión.
La oposición, por su parte, pidió mayores precisiones sobre el monto del déficit y las proyecciones actuariales a cinco años. También reclamaron que cualquier emergencia venga acompañada de un plan concreto de sustentabilidad que no recaiga únicamente en las arcas provinciales.
El tratamiento continuará en las próximas sesiones ordinarias. De aprobarse, la ley de emergencia tendría una duración acotada, con posibilidad de prórroga solo si se cumplen metas de saneamiento acordadas.
Para los trabajadores y jubilados de las fuerzas de seguridad, este debate representa mucho más que un trámite legislativo: es la garantía de que el sistema previsional que sostuvieron durante décadas no colapse por falta de recursos en la provincia más austral del país.