Liberan al único acusado por el crimen de Julián Rodríguez tras un año sin juicio

La Cámara de Apelaciones de Ushuaia resolvió el pasado viernes la excarcelación de Ever Vargas, el único imputado por el homicidio de Julián Rodríguez ocurrido en 2024 en Río Grande. La decisión se basa en el incumplimiento del plazo razonable para el juicio, que ya supera el año sin que se haya fijado fecha de debate oral.

Vargas, que permanecía detenido desde septiembre de 2025, quedó en libertad bajo medidas restrictivas: deberá portar tobillera electrónica, no podrá acercarse a la familia de la víctima ni a testigos y tendrá obligación de presentarse periódicamente en la comisaría más cercana a su domicilio. La resolución, firmada por los jueces de la Cámara, prioriza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas establecido en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

El caso Rodríguez conmociona a la provincia desde el 12 de septiembre de 2024, cuando el joven de 24 años fue asesinado de varias puñaladas en una vivienda del barrio Chacra IV de Río Grande. Según la investigación, Vargas sería el autor material del hecho, aunque la calificación inicial de homicidio simple ha sido cuestionada por la querella, que reclama que se lo investigue como homicidio agravado por el uso de arma blanca.

La familia de la víctima expresó su profundo malestar ante la decisión judicial. “Después de dos años seguimos esperando justicia y ahora liberan al que lo mató”, señaló la madre de Julián en declaraciones recogidas por medios locales. Los abogados de la querella adelantaron que presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la excarcelación.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la causa sigue su curso y que la excarcelación no implica el sobreseimiento del imputado. “El proceso continúa y se mantiene la acusación”, indicaron fuentes judiciales. Sin embargo, reconocieron que la demora en la fijación de la fecha de juicio oral responde a la acumulación de causas en el fuero penal de Río Grande y a la falta de salas disponibles para debates.

Este caso pone en evidencia las dificultades del sistema judicial fueguino para cumplir con los plazos procesales. En los últimos años, varias excarcelaciones por demora fueron concedidas en la provincia, generando reclamos tanto de víctimas como de organismos de derechos humanos. En Tierra del Fuego, la falta de recursos humanos y la sobrecarga de expedientes en los tribunales de Río Grande y Ushuaia se han convertido en un problema estructural.

La defensa de Vargas argumentó durante la audiencia que su cliente ya había cumplido más del tiempo máximo previsto para la prisión preventiva en un delito cuya pena en abstracto no supera los 15 años. Los camaristas coincidieron en que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la detención, aunque sí consideraron necesario imponer las medidas de control electrónico.

La tobillera que deberá usar Vargas es parte del programa de monitoreo electrónico que la provincia implementó hace tres años y que ya cuenta con más de 40 usuarios. Fuentes del Servicio Penitenciario Provincial aseguraron que el dispositivo permite un seguimiento en tiempo real y que cualquier incumplimiento de las restricciones activará de inmediato una alerta a las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, la familia de Julián Rodríguez continúa exigiendo que el caso sea elevado a juicio lo antes posible. “No queremos que prescriba ni que se diluya. Mi hijo no puede esperar más”, expresó su padre en las últimas horas. Organizaciones de familiares de víctimas de violencia se manifestaron frente al edificio de Tribunales en Río Grande para repudiar la medida y reclamar mayor celeridad en los procesos penales.

El crimen de Julián Rodríguez sigue siendo uno de los hechos de mayor impacto en la comunidad riograndense de los últimos años. Su resolución definitiva dependerá ahora de la rapidez con la que el Poder Judicial pueda programar el debate oral, algo que, según trascendió, podría ocurrir recién en los primeros meses de 2027 si no se toman medidas extraordinarias para priorizar la causa.