Provincia

Mariano Viaña: no promulgar la ley educativa hasta aprobar el Presupuesto 2027

El autor sostiene que el gobernador debe aguardar la sanción del presupuesto provincial antes de avanzar con la norma que compromete recursos. Propone iniciar una revisión estricta del gasto político en los tres poderes.

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Fachada de un edificio institucional genérico de estilo clásico
(CC BY 4.0 — libre difusión con atribución a Q Company)

El presidente Domingo Faustino Sarmiento impulsó hace más de 150 años el primer censo nacional, cuyos resultados revelaron que más del 70 por ciento de la población era analfabeta. Aquel dato marcó la necesidad de colocar a la educación como prioridad de Estado, por ser el pilar de una sociedad libre.

En ese marco, el legislador Mariano Roberto Viaña publicó una columna en la que analiza la reciente aprobación en la Legislatura de una ley que compromete recursos provinciales para educación, mientras el Presupuesto 2027 aún no fue sancionado.

A su juicio, el gobernador no debe promulgar esa norma hasta que la Legislatura apruebe el presupuesto. Considera indispensable conocer primero el costo total de la medida, su forma de financiamiento con recursos disponibles y el impacto que tendrá sobre el resto de las obligaciones provinciales y sobre los contribuyentes. También planteó corregir superposiciones de funciones entre organismos y eliminar aquellos gastos evitables. El objetivo, según su visión, es ordenar los recursos existentes y asignarlos según prioridades claras: educación, salud, seguridad y protección de los mayores.

Antes de aumentar impuestos o crear nuevas cargas sobre quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo, el Estado debe determinar cuánto puede ahorrar y reasignar a esas áreas, sostuvo el autor.

Recordó que quien ejerce una función pública administra recursos que pertenecen a toda la comunidad y que no pueden disponerse como si fueran propios antes de la aprobación del presupuesto. Cada partida comprometida de ese modo, advirtió, puede dejar sin atención necesidades de otros sectores.

Las autoridades que toman esas decisiones, agregó, deben explicar el uso de los fondos públicos y rendir cuentas por ello. Con información de medios locales.

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