Martín Pérez: “Milei habló de soberanía por Malvinas y al día siguiente avanzó sobre la industria fueguina”

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, criticó duramente al presidente Javier Milei por lo que consideró una contradicción entre su discurso sobre la soberanía de Malvinas y las políticas concretas que impactan en la industria fueguina.

“ Milei habló de soberanía por Malvinas y al día siguiente su Gobierno avanzó sobre la industria fueguina”, expresó Pérez durante una conferencia de prensa realizada el 4 de septiembre en la ciudad norteña. Sus palabras resumen el malestar que crece en el sector industrial y en buena parte de la dirigencia política local ante las iniciativas que ponen en jaque el subrégimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640.

El jefe comunal recordó que, apenas horas después de un discurso en el que el Presidente reafirmó los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur, el Ejecutivo nacional habría enviado señales de apertura a modificaciones que afectarían gravemente la competitividad de las plantas radicadas en Tierra del Fuego. Según Pérez, estas medidas ponen en riesgo miles de empleos y la continuidad de un modelo que durante décadas ha sido pilar del desarrollo provincial.

“Es imposible hablar de soberanía con una mano mientras con la otra se desmantela la única herramienta que tenemos para poblar y desarrollar el extremo sur del país”, señaló el intendente. Para Pérez, la Ley 19.640 no es un simple beneficio fiscal: es una política de Estado que garantiza presencia argentina en un territorio estratégico, en línea directa con la reivindicación permanente de Malvinas, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur.

Desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) vienen advirtiendo desde hace meses sobre el riesgo que implican tanto el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) como las posibles reformas al subrégimen. s del sector consultadas coinciden en que cualquier recorte abrupto en los beneficios impositivos podría derivar en suspensiones masivas y relocalizaciones hacia otras provincias.

Pérez, que gobierna la ciudad más poblada de la provincia, recordó que Río Grande concentra la mayor parte del parque industrial electrónico. “Acá no estamos discutiendo subsidios ni prebendas. Estamos hablando de la posibilidad concreta de que miles de familias fueguinas pierdan su de trabajo y de que el país abandone una de las pocas políticas activas de ocupación territorial que tiene en el sur”, enfatizó.

El intendente también vinculó el tema con la agenda antártica. Recordó que Ushuaia se consolida como principal puerto de salida hacia el continente blanco y que el Polo Logístico Antártico Ushuaia-Petrel depende, en gran medida, de una provincia con actividad económica sostenida. “Sin industria fuerte, sin empleo genuino y sin población estable, la proyección soberana sobre la Antártida queda reducida a palabras”, afirmó.

Desde el municipio riograndense se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las gestiones ante legisladores nacionales y provinciales para defender la Ley 19.640 en su espíritu original. Pérez anticipó que impulsará un documento conjunto con otros intendentes y con los veteranos de Malvinas para subrayar que la soberanía se ejerce también con fábricas, con trabajadores y con familias viviendo en el territorio.

La tensión entre el discurso oficial sobre Malvinas y las definiciones de política económica no es nueva, pero en las últimas semanas cobró mayor visibilidad. En Río Grande, donde la memoria de la guerra de 1982 está presente en cada barrio, resulta especialmente sensible que un Gobierno que se declara soberanista ponga en duda las herramientas que permiten sostener la presencia argentina en el fin del mundo.

Según Pérez, la provincia bicontinental no puede permitirse experimentos que comprometan su tejido productivo. “Malvinas nos duele a todos los fueguinos. Por eso exigimos coherencia: si se habla de soberanía, que las políticas públicas la refuercen y no la debiliten”, concluyó.