Martínez denunció que el Banco Central condiciona las utilidades del BTF

La legisladora provincial por el bloque FORJA, Myriam Martínez, denunció que el Banco Central de la República Argentina impone restricciones que limitan la utilización de las ganancias del Banco de Tierra del Fuego (BTF).

En declaraciones a FM del Pueblo, Martínez sostuvo que “de manera encubierta, tenemos intervenido el Banco de Tierra del Fuego”. Según su interpretación, una resolución del Banco Central impide a la provincia disponer libremente de las utilidades de la entidad financiera provincial, en un momento en que el Gobierno busca nuevas fuentes de financiamiento.

La legisladora vinculó el planteo con la discusión que se desarrolla en la Legislatura por la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo. El dictamen contempla, entre otras medidas, una alícuota del 3% de Ingresos Brutos para el BTF. Martínez defendió la participación del banco público en el sostenimiento del sistema educativo y recordó su rol durante la pandemia, cuando impulsó líneas de crédito, subsidios y asistencia a comercios, pymes y trabajadores independientes a través del programa Progreso.

“Nosotros entendemos que el banco también tiene que aportar para el acompañamiento del financiamiento educativo”, expresó la legisladora. Además, señaló que el presupuesto provincial ya destina más de 40.000 millones de pesos para el sostenimiento de salarios en establecimientos educativos privados.

Martínez apuntó contra la legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, por sus cuestionamientos durante el debate. “La postura de La Libertad Avanza y de la legisladora Natalia Gracianía realmente es tremenda”, afirmó, y calificó sus argumentos de “disparates”.

La denuncia de Martínez abre un debate sobre el margen de autonomía financiera de la provincia respecto de una entidad que le pertenece. Sin embargo, las limitaciones del Banco Central a la distribución de utilidades rigen para todas las entidades financieras del país y no equivalen a una intervención formal sobre el BTF.

La discusión se cruza con el proyecto educativo: mientras las restricciones nacionales alcanzan a las ganancias disponibles luego de cumplir exigencias regulatorias, el gravamen del 3% sobre Ingresos Brutos incidiría directamente en los ingresos de la actividad. Los impulsores del dictamen incorporaron previsiones para evitar que ese costo se traslade a los usuarios del banco, aunque el impacto real sigue en debate.

La Legislatura no logró reunir los ocho votos necesarios para aprobar el dictamen y pasó a cuarto intermedio hasta el 17 de noviembre. De esta manera, el Banco de Tierra del Fuego quedó en el centro de dos cuestiones: las restricciones nacionales sobre sus utilidades y la posible nueva contribución al financiamiento educativo.

La controversia deja planteada la necesidad de precisar cuánto puede distribuir efectivamente el BTF, qué autorizaciones requiere y en qué medida las normas del Banco Central condicionan su operación como instrumento de política provincial.