Miguel Ramírez denunció que Nación “vino por la caja” y advirtió por el futuro del puerto

El vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia y aseguró que detrás de la medida hay una clara intención de “venir por la caja”.

En declaraciones recogidas por medios locales, Ramírez advirtió que la intervención está afectando directamente los recursos que genera el propio organismo provincial y alertó sobre las consecuencias que esto podría tener en el futuro operativo y financiero del principal puerto de la provincia.

“Vinieron por la caja, eso está claro. No es una cuestión de control administrativo, es una cuestión de recursos”, sostuvo el funcionario fueguino. Según Ramírez, la Dirección Provincial de Puertos cuenta con fondos propios generados por las actividades portuarias, y la intervención nacional estaría complicando el manejo de esos ingresos.

La medida adoptada por el Ejecutivo nacional se enmarca en un contexto de fuerte disputa por el control de los recursos entre Nación y las provincias. En Tierra del Fuego, el puerto representa una herramienta estratégica tanto para el turismo antártico como para la actividad pesquera y comercial, sectores que generan empleo y divisas para la economía local.

Ramírez recordó que el puerto de Ushuaia funciona como gateway antártico y que cualquier afectación en su autonomía operativa puede repercutir en la llegada de cruceros y en las operaciones logísticas hacia el continente blanco. “Estamos hablando de soberanía y de desarrollo provincial. No podemos permitir que se tomen decisiones que comprometan el futuro de una herramienta tan importante para los fueguinos”, señaló.

Desde la Dirección Provincial de Puertos se mantiene la postura de que la intervención carece de fundamentos técnicos y responde más bien a una lógica de recentralización de recursos. Ramírez anticipó que se están evaluando acciones administrativas y judiciales para revertir la situación y defender los intereses provinciales.

El conflicto se suma a otras tensiones que vienen registrándose entre el Gobierno de la provincia y Nación en materia de coparticipación, subsidios y manejo de fondos. En Río Grande y Tolhuin también se sigue con atención el desenlace de esta disputa, ya que el puerto de Ushuaia impacta de manera indirecta en la actividad económica de toda la isla.

Desde el sector turístico y de servicios portuarios manifestaron preocupación por la incertidumbre que genera la intervención. Operadores consultados indicaron que ya se registraron demoras en algunos trámites administrativos y temen que la situación se profundice de cara a la próxima temporada de cruceros.

Ramírez concluyó su denuncia haciendo un llamado a la unidad provincial: “Más allá de las diferencias políticas, todos los fueguinos deberíamos estar del mismo lado cuando se trata de defender nuestros recursos y nuestra autonomía”.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Infraestructura de la Nación no se han realizado declaraciones oficiales sobre las acusaciones del vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos. El Diario de Tierra del Fuego intentará obtener una respuesta de las autoridades nacionales para completar la información.