Polémica en Ushuaia por el estacionamiento medido: municipio recibiría solo el 5% de la recaudación

El estacionamiento medido en Ushuaia se convirtió en el centro de una fuerte controversia luego de que el Ejecutivo municipal, a cargo de Walter Vuoto, impulsara a través del Decreto 2085/2026 la delegación del control y cobro del sistema a la Cámara de Comercio por un plazo de cinco años.

Según los cuestionamientos planteados por varios concejales, el acuerdo dejaría apenas el 5% de la recaudación en las arcas municipales, mientras que el 95% restante quedaría en manos del sector privado que opere el sistema. La crítica principal apunta a que el Municipio seguiría afrontando los costos de mantenimiento de las calles y las tareas de gestión, pero resignaría casi toda la recaudación generada en la vía pública.

Otro punto central de la discusión es el mecanismo elegido: se trataría de una contratación directa, sin licitación pública que permita comparar propuestas y garantizar competencia. La Cámara de Comercio actuaría como intermediaria, pero la prestación tecnológica y operativa quedaría a cargo de una firma privada que desarrollaría y administraría la aplicación.

Los concejales opositores también advirtieron que la Municipalidad no conservaría la propiedad de la aplicación, a pesar de que esta se utilizaría para cobrar el estacionamiento y gestionar el control en las calles de Ushuaia. Además, se cuestiona que la plataforma sea una adaptación de una aplicación ya existente, lo que pone en duda el costo y el alcance real del desarrollo tecnológico que se pretende contratar.

La controversia adquiere un componente político al señalar que la empresa que terminaría operando el sistema sería de Rosario con sede en Buenos Aires y mantendría vínculos con funcionarios y dirigentes cercanos al espacio de Walter Vuoto, entre ellos allegados a Sebastián Iriarte y Nicolás Pelloli.

El control sobre los vecinos y el costo del sistema también generan inquietud. La aplicación permitiría generar actas de constatación sobre los vehículos estacionados, lo que podría ampliar las tareas de fiscalización y derivar en sanciones para los automovilistas. Se cuestiona, asimismo, la posibilidad de que se incentive a los propios vecinos a denunciar infracciones de otros conductores, lo que abriría un debate sobre si el objetivo real es ordenar el estacionamiento o generar ingresos a través de multas.

La pregunta central que plantean los cuestionamientos es qué obtiene Ushuaia a cambio de ceder durante cinco años la administración de un servicio que se cobra en sus calles. Si el Municipio mantiene los costos operativos, no conserva la propiedad de la herramienta digital y recibe solo una porción mínima de lo recaudado, el beneficio concreto para la ciudad resulta poco claro.

Según se pudo saber, varios concejales de la oposición presentarán una demanda judicial teniendo en cuenta los puntos planteados y la falta de transparencia en la contratación.

Con información de medios locales.