Procesaron a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos de origen iraní y libanés por su presunta participación en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994.

La resolución, firmada ayer lunes 21 de septiembre, alcanza a imputados que según la investigación integraban una estructura logística y de inteligencia que permitió el ingreso de explosivos y la materialización del ataque que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. En Tierra del Fuego, como en el resto del país, el caso AMIA trasciende lo judicial y forma parte de la agenda de derechos humanos y de reclamo por memoria, verdad y justicia. Organizaciones de la sociedad civil y veteranos de Malvinas han acompañado históricamente las marchas en reclamo de esclarecimiento, recordando que el ataque fue el segundo gran atentado contra la comunidad judía después del de la embajada de Israel en 1992.

El procesamiento se produce en un contexto de renovada atención internacional sobre la causa. La Argentina mantiene alerta roja de Interpol sobre varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Akbar Rafsanjani y el ex canciller Ali Akbar Velayati, aunque las órdenes de captura internacionales no han logrado su extradición hasta el momento.

Desde la Unidad Fiscal AMIA, que depende del Ministerio Público Fiscal, se indicó que la resolución de Rafecas fortalece la línea de investigación que apunta a la responsabilidad del régimen iraní y de Hezbollah en la planificación del atentado. Los procesados integrarían células de apoyo que operaron tanto en la región como en el país.

La causa principal por el atentado a la AMIA acumula más de tres décadas de investigación con altibajos, nulidades, acusaciones de encubrimiento y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2024 se cumplieron treinta años del hecho y las familias de las víctimas volvieron a exigir que el Estado argentino y la comunidad internacional avancen sobre los responsables.

Para los fueguinos, el caso representa un recordatorio permanente de que el terrorismo internacional no distingue fronteras ni latitudes. En las escuelas de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin se siguen realizando actos conmemorativos cada 18 de julio, y la Legislatura provincial ha adherido en múltiples oportunidades a las declaraciones de “día de la memoria” por las víctimas de la AMIA.

El procesamiento de estos ocho ciudadanos constituye un paso concreto en una investigación que sigue abierta. Fuentes cercanas al expediente indicaron que se espera que en las próximas semanas se resuelvan pedidos de ampliación de la pesquisa y posibles nuevas citaciones.

Desde la Casa Rosada y la Cancillería se reiteró el compromiso del Estado argentino con el esclarecimiento del atentado y con la búsqueda de justicia para las 85 familias que aún esperan respuestas definitivas.