Proponen crear registro de personas inhabilitadas para cargos públicos en Tierra del Fuego

Un proyecto de ley que propone la creación de un Registro Provincial de Personas Inhabilitadas para el Ejercicio de Cargos Públicos fue presentado ante la Legislatura de Tierra del Fuego y ya genera las primeras posiciones entre los 15 legisladores.

La iniciativa, que aún no cuenta con autoría pública detallada en los primeros trámites, busca compilar en una base de datos centralizada a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la administración pública, corrupción o incompatibilidades establecidas por ley, impidiéndoles acceder a cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial provincial.

Según el texto que circula en la Casa de Gobierno y entre los bloques, el registro sería administrado por la Autoridad de Aplicación que determine la norma, con actualizaciones periódicas y mecanismos de impugnación para los afectados. La propuesta incluye plazos de inhabilitación que irían desde los dos hasta los diez años según la gravedad de la causa, y prevé su publicación periódica en el Boletín Oficial provincial.

En el contexto fueguino, donde la relación entre el Poder Ejecutivo y la Legislatura ha estado marcada en los últimos años por debates sobre transparencia en el uso de recursos y la coparticipación, la creación de este tipo de herramienta se enmarca en una tendencia nacional de mecanismos de control ético en la función pública.

Desde la oposición, legisladores consultados por este medio señalaron que el proyecto podría servir para fortalecer la confianza ciudadana, pero advirtieron sobre la necesidad de garantizar el debido proceso y evitar que se convierta en una herramienta de persecución política. “Hay que mirar con lupa la letra chica: quién decide las inhabilitaciones, cómo se actualiza el registro y qué recursos tiene el afectado para defenderse”, indicó un referente del arco legislativo.

En tanto, desde el oficialismo provincial se evalúa positivamente la idea de contar con un instrumento que ordene y haga público quiénes no pueden acceder a la función pública, aunque todavía no hay definición sobre si acompañarán el texto tal como fue presentado o si presentarán modificaciones.

El proyecto llega en un momento en que la provincia discute la reforma de varios aspectos institucionales, incluyendo la relación Nación-Provincia en materia de financiamiento y la administración de recursos a través de la AREF. Fuentes legislativas indicaron que el tratamiento podría darse durante las próximas sesiones ordinarias, previstas para el mes de octubre.

De aprobarse, Tierra del Fuego se sumaría a las provincias que ya cuentan con registros similares, aunque con particularidades locales vinculadas al tamaño del Estado provincial y la cantidad de cargos electivos y designados.

Para el fueguino común, la medida podría traducirse en mayor previsibilidad a la hora de evaluar la trayectoria de quienes aspiran a representar sus intereses en Río Grande, Ushuaia o Tolhuin, ya sea en el ámbito municipal, provincial o en organismos descentralizados. Sin embargo, su efectividad dependerá de la rigurosidad con que se apliquen los criterios de inclusión y exclusión del registro, y de que no se transforme en una lista que se active o desactive según el color político dominante.