Provincia 23: la iniciativa que busca renombrar Tierra del Fuego en la Constitución
Un proyecto de reforma constitucional propone modificar el artículo 1° para denominar a la provincia como “Provincia 23 de la Nación Argentina”. La iniciativa, presentada en la Legislatura, reabre el debate sobre identidad, soberanía y federalismo en el extremo sur del país.
La Legislatura de Tierra del Fuego analiza un proyecto que propone reformar el artículo 1° de la Constitución provincial para incorporar la denominación “Provincia 23 de la Nación Argentina”.
La iniciativa, identificada como 7160, fue presentada por legisladores oficialistas y busca actualizar la carta magna provincial en sintonía con la numeración que le corresponde a la provincia dentro del orden federal. Según los fundamentos del texto, la modificación no solo tiene un valor simbólico, sino que reafirma la pertenencia de Tierra del Fuego al conjunto de las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto retoma una discusión que ya había surgido en 2021 durante el debate por la reforma parcial de la Constitución. En aquella oportunidad, se había propuesto incorporar la mención explícita a Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el artículo primero, pero la idea de la “Provincia 23” no había alcanzado consenso suficiente para ser incluida en el texto final.
Desde la bancada que impulsa el expediente 7160 se argumenta que la denominación “Provincia 23” fortalece la identidad fueguina y refuerza el mensaje de soberanía nacional en los territorios australes. “No se trata de un cambio cosmético. Es una afirmación institucional de que Tierra del Fuego forma parte indivisible de la República Argentina como su provincia número 23”, sostuvo uno de los autores del proyecto durante la comisión de Asuntos Constitucionales.
La iniciativa también contempla modificar el artículo referido a los límites provinciales para actualizar la redacción conforme a la ley nacional 26.875, que en 2013 estableció los límites marítimos de la provincia.
Desde la oposición, legisladores de Juntos por el Cambio y del Partido Verde cuestionaron la oportunidad del debate. “En medio de la discusión por la coparticipación federal, la pelea por los recursos de AREF y la crisis del gas invernal, renombrar la provincia parece una prioridad secundaria”, señaló la legisladora radical Nadia Braun.
El bloque del Frente de Todos, en cambio, defendió la medida como un gesto de soberanía. Recordaron que la provincia fue creada por ley nacional 23.775 en 1991, convirtiéndose efectivamente en la provincia número 23.
Hasta el momento, el proyecto cuenta con dictamen de mayoría en la comisión de Legislación General, pero todavía no tiene fecha de tratamiento en el recinto. De aprobarse, debería ser ratificado por una convención constituyente o, según la interpretación de algunos constitucionalistas locales, por mayoría calificada de la Legislatura en dos sesiones ordinarias sucesivas.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la relación entre Nación y Provincia. Para muchos fueguinos, la identidad provincial está más asociada a su condición de territorio bicontinental, a Malvinas y a la Antártida que a un número ordinal. Sin embargo, sus impulsores sostienen que ambos aspectos no son contradictorios.
Desde la Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Melella aún no emitió una opinión pública sobre el expediente 7160. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que el tema se analizará en las próximas reuniones de gabinete, aunque reconocieron que no figura entre las prioridades presupuestarias del ejercicio 2025.
El artículo 1° actual de la Constitución provincial establece que “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una Provincia del Estado Federal argentino, con los límites que le asignen las leyes y tratados”. La reforma propuesta agregaría la frase “Provincia 23 de la Nación Argentina” al inicio del artículo.
Para el fueguino común, el cambio puede parecer nominal. Sin embargo, en términos institucionales, modificar la Constitución provincial requiere de un proceso que suele extenderse varios meses y que, en contextos de fuerte debate fiscal con Nación, puede terminar convirtiéndose en una nueva pulseada política entre los bloques de la Legislatura.
