Provincia suspendió el decreto que modificaba el reparto de fondos a municipios

El Gobierno provincial decidió suspender la ejecución del Decreto 717/26 luego de las observaciones presentadas por las intendencias de Río Grande y Ushuaia. La medida, que había sido firmada días atrás, no establecía nuevos coeficientes de distribución ni modificaba de manera directa los montos que reciben los municipios por coparticipación, pero sí introducía cambios en la forma de calcular los fondos.

Según indicaron s de la Casa de Gobierno, la suspensión busca permitir un nuevo análisis administrativo del mecanismo de reparto. De esta manera, el decreto queda sin efecto hasta que se resuelvan las diferencias planteadas por los dos municipios más grandes de la provincia.

El Decreto 717/26 había generado preocupación en Río Grande y Ushuaia porque, aunque no tocaba los porcentajes establecidos por ley, modificaba la base de cálculo y los ítems que se consideran para determinar el monto final que percibe cada comuna. Tolhuin, en cambio, no había realizado planteos formales hasta el momento.

Desde la Legislatura provincial recordaron que la coparticipación municipal está regulada por la ley provincial 145, sancionada en 2019, que fija los coeficientes en 34% para Ushuaia, 41% para Río Grande y 25% para Tolhuin sobre el total que corresponde a los municipios. Cualquier modificación sustancial requiere, según especialistas consultados, acuerdo político o reforma legislativa.

El conflicto se da en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas municipales. Tanto Río Grande como Ushuaia vienen reclamando mayor previsibilidad en el flujo de fondos, especialmente ante el aumento de costos operativos y la caída de recursos propios por la recesión que afecta al consumo.

En la Gobernación aseguraron que el objetivo del decreto era actualizar parámetros técnicos que habían quedado desactualizados, pero que ante los cuestionamientos se optó por frenar su aplicación para evitar cualquier conflicto institucional. “No se trata de una marcha atrás definitiva, sino de un compás de espera para seguir discutiendo”, indicaron voceros oficiales.

Los intendentes de Río Grande y Ushuaia habían elevado notas formales en las últimas 48 horas solicitando la derogación o, al menos, la suspensión del decreto. Argumentaban que el cambio en la metodología de cálculo podía generar una merma en los recursos que reciben mensualmente, afectando el pago de salarios municipales y la ejecución de obras.

Desde AREF (Administración de Recaudación Fueguina) confirmaron que, mientras dure la suspensión, los giros a los municipios se seguirán realizando con el esquema vigente hasta agosto de 2026. Esto garantiza que, al menos en lo inmediato, no habrá modificaciones en los montos que perciben las tres comunas.

El tema volverá a discutirse en las próximas semanas en el ámbito de la Comisión de Hacienda de la Legislatura, donde los bloques ya anticiparon que pedirán un informe detallado sobre el impacto que hubiera tenido el decreto de no haber sido suspendido.

Para el fueguino común, esta pulseada implica la continuidad en el financiamiento de servicios básicos como recolección de residuos, alumbrado público y mantenimiento de calles. Cualquier alteración en la coparticipación termina traduciéndose en menos o más recursos para las ciudades donde viven y trabajan la gran mayoría de los habitantes de la provincia.