Proyecto en el Congreso busca equilibrar derechos de propietarios e inquilinos en el mercado inmobiliario

Un proyecto de ley que modifica la actual normativa de alquileres obtuvo dictamen favorable en comisiones del Congreso Nacional y podría tratarse en las próximas semanas en el recinto. La iniciativa, que busca un punto medio entre las demandas de propietarios e inquilinos, genera expectativa en Tierra del Fuego, donde el mercado inmobiliario enfrenta desafíos propios por la estacionalidad turística y los altos costos de construcción.

La propuesta principal consiste en acortar los plazos mínimos de los contratos de tres a dos años, una medida que los propietarios locales vienen reclamando desde la sanción de la ley vigente. En Ushuaia y Río Grande, muchos dueños de inmuebles optaron por retirar sus propiedades del mercado formal ante la rigidez de los plazos y las actualizaciones, lo que redujo notablemente la oferta disponible.

Otro punto central es la actualización de los valores. El proyecto permitiría ajustes más frecuentes, con una periodicidad que podría ser cada seis meses en lugar del anual actual. Esto respondería a la inflación y a la necesidad de los propietarios de mantener el poder adquisitivo de sus ingresos, especialmente en una provincia donde los costos de mantenimiento y los impuestos locales no se detienen.

Desde el lado de los inquilinos, la iniciativa mantiene la prohibición de exigir garantías propietarias y limita los requisitos a una sola garantía, generalmente un fiador o seguro de caución. En el contexto fueguino, donde muchas familias dependen de empleos en la industria electrónica, la pesca o el turismo, esta protección resulta clave para evitar la exclusión de sectores medios y medios-bajos del acceso a la vivienda formal.

Especialistas consultados coinciden en que el proyecto también buscaría incentivar la formalización del mercado. Hoy, una parte importante de los alquileres en Tolhuin, Río Grande y Ushuaia se realizan de manera informal para eludir las regulaciones, lo que deja sin protección tanto a inquilinos como a propietarios en caso de conflicto.

En Tierra del Fuego el impacto sería significativo. El elevado costo de vida y la escasez de oferta de departamentos y casas en alquiler generan tensiones permanentes. Según datos de inmobiliarias locales, en los últimos años la vacancia bajó a niveles cercanos al 2% en Ushuaia, lo que presiona al alza los valores y complica el acceso de trabajadores y jóvenes que quieren independizarse.

El proyecto también contempla mayores facilidades para la resolución de contratos por mutuo acuerdo y establece mecanismos más ágiles ante incumplimientos, reduciendo la judicialización que hoy demora años en los tribunales fueguinos.

Desde la perspectiva de la soberanía económica y el desarrollo local, una normativa más equilibrada podría alentar nuevas inversiones en construcción de vivienda, tanto privada como a través de programas públicos. En una provincia que crece en sectores como la energía y la pesca, contar con un mercado inmobiliario dinámico es clave para retener población y atraer mano de obra calificada.

El debate continúa en el Congreso y aún pueden incorporarse modificaciones. Para los fueguinos, el resultado definirá no solo el costo de alquilar una vivienda, sino también la disponibilidad real de opciones en las tres ciudades de la isla.