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Qué dice la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo sancionada en Tierra del Fuego

La norma establece metas progresivas de inversión hasta alcanzar el 7,8% del PBG en cinco años, crea fondos específicos y prioriza salario docente, infraestructura y tecnología. Busca garantizar recursos permanentes sin sustituir el piso del 35% de libre disponibilidad.

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Vuoto reclamó la sanción de la ley de financiamiento educativo en Tierra del Fuego
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La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, que establece un esquema de recursos permanentes para el sector y fija metas progresivas de inversión en relación al Producto Bruto Geográfico provincial.

La norma, que deberá considerarse obligatoriamente en la formulación del Presupuesto General de la Provincia, se basa en cinco principios: equidad y reducción de brechas, acceso universal, innovación y acceso tecnológico, calidad con resultados verificables y sostenibilidad fiscal.

Para su implementación, la ley establece un trabajo articulado entre los ministerios de Educación y Economía, junto con la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF). Economía será responsable de las metas financieras y su inclusión en el presupuesto, mientras que Educación deberá monitorear la ejecución de las partidas, elaborar indicadores de desempeño y elevar informes periódicos al Ejecutivo. Ambas carteras coordinarán con la AREF y los organismos ejecutores de inversión educativa.

Según el artículo 4 de la ley, la inversión educativa deberá alcanzar en forma progresiva el 7,8% del PBG provincial en un plazo de cinco ejercicios fiscales. La progresión será la siguiente: 4,5% en el primer año, 4,95% en el segundo, 5,7% en el tercero, 6,6% en el cuarto y 7,8% en el quinto. Esta meta no sustituye ni reduce el piso de inversión del 35% de los recursos corrientes de libre disponibilidad de la Administración Central establecido por el artículo 151 de la Ley provincial 1018.

En caso de caída real del PBG, de la recaudación provincial o de los recursos de Coparticipación Federal, el Ejecutivo podrá diferir el cumplimiento del escalón correspondiente. Deberá remitir a la Legislatura, dentro de los 30 días, un informe que acredite la circunstancia, exponga el impacto fiscal y establezca la reprogramación. El ejercicio exceptuado no se computará.

La ley crea dos fondos para su financiamiento: el Fondo Provincial de Infraestructuras y el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE). El primero se nutrirá de una alícuota del 3,4% sobre los Ingresos Brutos de la empresa distribuidora de gas. De ese total, el 40% se destinará a infraestructura educativa (mantenimiento, accesibilidad y nueva obra) y el 60% a obras de red de distribución de gas natural y conexiones domiciliarias. Si el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad autoriza el traslado a tarifa, la alícuota dejará de recaudarse automáticamente, y la AREF deberá informar a la Legislatura.

Además, se crea una alícuota del 3% sobre Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego, que no podrá trasladar ese costo a los servicios o costos financieros que cobra a sus clientes.

El FFE es de carácter permanente, complementario y específico, y se destinará exclusivamente al sistema educativo provincial. Será administrado por el Ministerio de Educación con intervención de Economía y la AREF, y se depositará en una cuenta especial diferenciada.

Los recursos que integran el FFE incluyen: la alícuota al Banco de Tierra del Fuego; el 40% del Fondo Provincial de Infraestructuras destinado a educación; recursos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales (que mantienen su afectación específica y podrán usarse para salarios docentes); hasta el 10% de recursos adicionales de actividades productivas o económicas estratégicas; hasta el 40% de recursos adicionales del Impuesto Inmobiliario Rural (cuya valuación se actualizará anualmente por el IPC del INDEC a septiembre); hasta el 10% de las utilidades distribuibles de empresas del Estado provincial; recursos del Hidrógeno Verde y de la Economía del Conocimiento; la recaudación de Ingresos Brutos de Terra Ignis Energía S.A., y otros que se establezcan por ley.

La norma aclara que los recursos del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales destinados a Educación se registrarán de manera diferenciada dentro del FFE, se computan una sola vez en la inversión consolidada y no modifican los recursos afectados a Salud ni permiten contabilizar como adicional lo que ya se destinaba a Educación.

De los recursos del FFE, el 40% deberá destinarse al fortalecimiento del salario docente, otro 40% a mantenimiento, infraestructura, mejora, accesibilidad y nueva obra educativa, y un 20% a equipamiento tecnológico, recursos pedagógicos y herramientas didácticas. Estos porcentajes son orientativos y el Poder Ejecutivo podrá modificarlos.

El artículo 11 orienta el fortalecimiento salarial docente para reducir la brecha entre el cargo docente testigo (o su equivalente en horas cátedra) y los parámetros del Salario Mínimo, Vital y Móvil según la Ley nacional 20.744. El Ejecutivo deberá publicar trimestralmente el valor del cargo testigo, el valor de referencia del SMVM, la brecha porcentual, el ingreso neto considerando antigüedad, período de comparación, tipo de hogar y fuente estadística.

El Ministerio de Educación deberá realizar anualmente una planificación de la planta docente basada en la matrícula real, organización institucional, niveles, modalidades, características de los establecimientos y necesidades pedagógicas. La relación matrícula-cargos-horas no podrá usarse como criterio automático para reducir recursos. La planificación deberá contemplar especialmente ruralidad, discapacidad, inclusión, educación especial y técnico-profesional, baja matrícula, gabinetes interdisciplinarios, acompañamiento de trayectorias y ampliación de jornada.

Las variaciones de matrícula podrán dar lugar a reasignaciones fundadas que prioricen continuidad pedagógica, ampliación de oferta y fortalecimiento de trayectorias, respetando siempre la normativa estatutaria, laboral y de negociación colectiva.

La ley establece que los recursos nuevos e incrementos incorporados por esta norma tienen carácter complementario, adicional y específico, por lo que no podrán utilizarse para reducir, compensar, sustituir ni absorber partidas presupuestarias ordinarias destinadas al sistema educativo.

Los artículos 14 y 15 incorporan obligaciones de planificación y consolidación presupuestaria. El Ejecutivo deberá acompañar anualmente el proyecto de presupuesto con un informe que detalle inversión consolidada del año anterior, inversión prevista, participación en el PBG, evolución nominal y real, proyección para los tres ejercicios siguientes y participación de rentas generales, fondos específicos y transferencias nacionales. La metodología de cálculo deberá ser uniforme, pública y verificable, identificando la totalidad de recursos independientemente del organismo ejecutor. La consolidación deberá discriminar al menos personal, infraestructura, mantenimiento, servicios básicos, transporte escolar, asistencia alimentaria, inclusión educativa, equipamiento, tecnología, formación docente y otras prestaciones.

Como mecanismo de transparencia, la ley crea el Observatorio de Financiamiento Educativo, un organismo consultivo integrado por representantes de la Legislatura, Educación, Economía, AREF y de los trabajadores bajo principios de representatividad. Participará del seguimiento del sendero de inversión, elaboración de indicadores y evaluación anual, aunque sus recomendaciones serán de carácter consultivo.

El Observatorio participará en la creación del Sistema de Indicadores de Financiamiento Educativo, que incluirá recaudación y ejecución del FFE, inversión consolidada, inversión por estudiante, ejecución en infraestructura, equipamiento, evolución del salario docente, distribución territorial, cobertura docente, acceso, permanencia, inclusión y condiciones materiales del sistema.

La norma también establece mecanismos de consulta y participación. Las mejoras educativas deberán someterse a consulta del Consejo de Educación Provincial. El Ministerio de Educación deberá garantizar instancias públicas y accesibles para docentes, directivos, estudiantes, familias, sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, contemplando representación territorial y apoyos para la participación. A los 90 días de la entrada en vigor de la ley, el Consejo de Educación Provincial deberá estar integrado y funcionando.

Con información de medios locales.

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