Raimbault cuestionó el manejo de los $25.000 millones del puerto de Ushuaia

El abogado Pablo Raimbault expresó su sorpresa por la falta de explicaciones sobre el manejo de 25.000 millones de pesos correspondientes a los fondos del puerto de Ushuaia.

“A mí me llama la atención que nadie pueda explicar cómo se están manejando 25.000 millones de pesos”, dijo el letrado, quien puso el foco en la ausencia de información clara sobre la gestión de esos recursos. Raimbault cuestionó qué organismo administra los fondos y bajo qué atribuciones lo hace.

El letrado afirmó que “el manejo del dinero no le pertenece a la AGP” y sostuvo que detrás de la intervención en el puerto existen intereses económicos, políticos y estratégicos que podrían ir más allá del ámbito local. Según su visión, la discusión sobre estos fondos está directamente vinculada a los obstáculos que enfrentan los organismos encargados de fiscalizar la actividad portuaria.

Raimbault denunció que las restricciones no se limitan al ingreso físico a las instalaciones, sino que también alcanzan al acceso a la información y al seguimiento de los expedientes administrativos. Explicó que la toma de control del puerto se produjo antes de que el acto de intervención tuviera efectividad, una situación que aseguró está probada en la causa judicial.

A partir de ese momento, se habrían establecido impedimentos materiales y funcionales para que trabajadores, funcionarios y autoridades provinciales pudieran desarrollar sus tareas. Estas limitaciones alcanzarían, según el abogado, a las áreas de control laboral y ambiental.

El letrado cuestionó que se impida al Estado provincial ejercer sus funciones dentro de un espacio que pertenece al dominio público de la Provincia. Sostuvo que esas restricciones se ejecutan mediante decisiones de hecho, sin que existan actos administrativos que las justifiquen.

Además, Raimbault denunció discriminación sindical. Indicó que en un ámbito donde antes coexistían distintas organizaciones gremiales, la intervención permite el ingreso de trabajadores vinculados a un solo sindicato y excluye a quienes no adhieren a su conducción. Afirmó que integrantes de ese gremio pasaron a ocupar funciones dentro de la propia intervención.

“No existe ninguna actividad sindical en el puerto”, señaló. En el mismo sentido, aseguró que “no se aplica ningún derecho laboral en el puerto” y describió lo ocurrido como una “privatización de hecho de todo un espacio público”.

Respecto del proceso judicial, valoró que el Juzgado Federal de Ushuaia esté avanzando en la causa, aunque consideró que hubiera esperado un trámite más rápido. Indicó que las medidas cautelares aún no fueron resueltas y reclamó que tanto la Justicia como los organismos de control se pronuncien sobre la situación.

El abogado advirtió sobre el precedente institucional que podría generar esta modalidad de intervención. Al describir las restricciones dentro del predio portuario, las comparó con “una especie de estado de sitio”, donde las decisiones quedarían sujetas a la voluntad del interventor.

Finalmente, Raimbault sostuvo que la resolución del conflicto debe incluir el restablecimiento de un marco de legalidad y la determinación de las responsabilidades correspondientes. “No podemos terminar esta situación sin revisar lo que nos sucedió”, concluyó.