Raimbault denunció ante la Justicia la “privatización por la fuerza” del Puerto de Ushuaia

El abogado Manuel Raimbault presentó una demanda judicial contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención del Puerto de Ushuaia. En nombre de un grupo de trabajadores afectados, denunció que las medidas implementadas desde que el organismo nacional asumió el control configuran una “privatización por la fuerza” de la terminal marítima más austral del país.

Según informó el letrado, la acción judicial se radicó este viernes 21 de agosto ante los tribunales competentes de la provincia. La presentación busca que la Justicia revise las decisiones adoptadas por la ANPYN desde su intervención y determine si se vulneraron derechos de los empleados y del propio Estado provincial.

Raimbault aseguró que la intervención nacional no solo desplazó a la autoridad local sino que, en los hechos, está facilitando un proceso de transferencia de funciones y recursos hacia manos privadas. “No estamos ante una mera reorganización administrativa; es una privatización disfrazada que se impone por la fuerza”, sostuvo el abogado en declaraciones recogidas por medios locales.

La medida afecta directamente a un sector sensible para la economía fueguina. El Puerto de Ushuaia es clave para el turismo antártico, el tráfico de cruceros y la logística de la ciudad capital. Cualquier cambio en su administración impacta en el empleo local, en los servicios portuarios y en la soberanía efectiva sobre uno de los accesos más estratégicos al continente blanco.

Desde la asunción del control por parte de la ANPYN, los trabajadores representados por Raimbault denuncian modificaciones arbitrarias en las condiciones laborales, recortes en personal y la imposición de nuevos protocolos que, a su criterio, responden más a intereses privados que a una política pública coherente con las necesidades de Tierra del Fuego.

La demanda obliga ahora a la Agencia Nacional a presentarse ante la Justicia y explicar el fundamento legal de cada una de las acciones tomadas. Fuentes judiciales consultadas indicaron que el expediente se encuentra en etapa inicial de admisión y que podría derivar en medidas cautelares que frenen temporalmente algunos cambios en la operatoria del puerto.

El caso vuelve a poner en discusión la relación entre la Nación y la provincia en materia portuaria. Históricamente, el Puerto de Ushuaia ha sido administrado con fuerte injerencia local, precisamente por su rol estratégico en la proyección argentina hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Una eventual privatización, aunque sea “por la fuerza”, generaría resistencias tanto en el ámbito político como sindical fueguino.

Raimbault adelantó que la presentación incluye pruebas documentales y testimoniales que demostrarían irregularidades en el proceso de intervención. “Vamos a defender el carácter público del puerto y los puestos de trabajo de los fueguinos”, enfatizó.

El Diario de Tierra del Fuego seguirá de cerca el desarrollo de esta causa, que sin dudas marcará un precedente en la relación entre las administraciones portuarias nacionales y los intereses provinciales en un año donde la discusión por el control de los recursos estratégicos vuelve a estar en el centro del debate.