RIGI y Cuenca Austral: qué cambia para Tierra del Fuego si se aprueba la ley ómnibus

El proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que se debate en el Senado incluye el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que el presidente Javier Milei presenta como clave para atraer capitales extranjeros a sectores estratégicos como el energético. Para Tierra del Fuego, sin embargo, el texto genera más dudas que certezas, especialmente en lo que respecta al control de los recursos de la Cuenca Austral y el futuro del gas que abastece el invierno fueguino.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la Cuenca Austral produjo en 2023 alrededor de 18 millones de metros cúbicos diarios de gas, de los cuales más del 60 % corresponde a campos operados por Total Austral en asociación con partners como Tecpetrol y Wintershall. El proyecto Fénix, que Total Austral desarrolla con una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, prevé agregar 10 millones de m³/d adicionales a partir de 2025. Ese volumen es estratégico: representa casi el 20 % del gas que hoy se inyecta al Gasoducto del Sur para cubrir el pico de demanda invernal en la Patagonia y el AMBA.

El RIGI, tal como está redactado, ofrece estabilidad fiscal por 30 años, exenciones impositivas, libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de que los proyectos calificados operen como “islas” jurídicas con regímenes aduaneros especiales. Desde el oficialismo nacional se argumenta que esto es indispensable para que multinacionales como TotalEnergies, Shell o BP se animen a invertir en offshore argentino, donde los riesgos técnicos y políticos son altos. Sin embargo, en Ushuaia y Río Grande se lee el artículo con preocupación: el régimen podría permitir que las operadoras prioricen la exportación de gas licuado (LNG) en lugar de garantizar el suministro doméstico a la provincia.

“Si el RIGI se aprueba tal como está, vamos a estar firmando un cheque en blanco para que las petroleras decidan qué gas se queda en Tierra del Fuego y qué gas se va en buques metaneros”, señaló un alto funcionario provincial que pidió reserva. La provincia percibe hoy alrededor de 45 millones de dólares anuales en regalías hidrocarburíferas, monto que representa casi el 12 % de los recursos propios. Cualquier modificación en la cadena de valor o en las obligaciones de entrega al mercado interno impactaría directamente en las cuentas de la AREF y en el empleo local.

Los dos senadores nacionales por Tierra del Fuego que responden al espacio libertario —y que hasta ahora han acompañado el paquete de reformas— se encuentran en una posición incómoda. Fuentes cercanas a la bancada admiten que el capítulo energético fue uno de los más discutidos internamente. Desde el bloque se defiende que el RIGI no afecta las regalías provinciales (que se mantienen en el 12 % según la Ley 17.319 modificada) ni los contratos vigentes, pero en la práctica el régimen habilita que nuevos megaproyectos offshore queden bajo un paraguas impositivo y regulatorio distinto al que rige para las operadoras actuales.

Terra Ignis, la empresa local que viene impulsando el desarrollo de bloques marginales en la Cuenca Austral, también observa el debate con atención. Sus ejecutivos sostienen que el RIGI podría nivelar la cancha para jugadores más chicos si se incluyen cláusulas de contenido local exigentes. Sin embargo, advierten que sin una definición clara sobre el gas de invierno —ese que hoy Total entrega bajo contratos firmados con ENARGAS— el riesgo de desabastecimiento en julio y agosto crece.

Desde el puerto de Ushuaia, el impacto se siente también en la actividad pesquera y en la logística offshore. Los buques de apoyo a plataformas (OSV) que operan desde el muelle local generan empleo directo para más de 180 personas. Si el RIGI acelera la construcción de nuevos proyectos pero los ubica bajo bandera extranjera con tripulaciones mínimas locales, parte de esa cadena de valor podría diluirse.

El gobernador Gustavo Melella ya manifestó públicamente su preocupación por la letra chica del RIGI. En reuniones con bloques opositores en el Senado pidió que se incorpore una cláusula que obligue a los proyectos calificados a priorizar el abastecimiento del mercado interno patagónico antes de autorizar exportaciones. Hasta el momento, la propuesta no fue incorporada.

Mientras el debate avanza en comisiones, en Río Grande y Ushuaia se repite la misma pregunta: ¿el RIGI será la llave que abra la puerta a inversiones genuinas en la Cuenca Austral o simplemente un mecanismo para “rematar” el recurso austral con escribanos locales? La respuesta, que definirá el empleo y las regalías de la próxima década, se conocerá en las próximas semanas en el recinto de la Cámara alta.