Río Grande reclama más de $18.000 millones en coparticipación y Lapadula impulsa la ley de goteo diario

El Municipio de Río Grande reclama a la Provincia el pago de una deuda por coparticipación que ya supera los $18.000 millones, según las cifras que difundieron autoridades municipales y el legislador Matías Lapadula.

Según el subsecretario de Finanzas municipal, Nicolás Giordano, unos $5.900 millones registraban atrasos de entre 40 y 60 días en el relevamiento difundido el 20 de octubre. El municipio advirtió que alrededor del 80 % de sus ingresos proviene de la coparticipación nacional y provincial, por lo que las demoras complican la planificación presupuestaria, el pago a proveedores y el sostenimiento de los servicios públicos.

El conflicto no se limita al monto acumulado. Las autoridades riograndenses denunciaron demoras de hasta 60 días en algunas transferencias y sostuvieron que esa falta de previsibilidad afecta directamente la gestión local.

En ese marco, el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, anunció que convocará a la Comisión N.º 2 de Economía, Presupuesto y Hacienda de la Legislatura para analizar la situación de los municipios y avanzar con la insistencia de la ley de goteo diario. La iniciativa había sido aprobada por el Parlamento provincial pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

El mecanismo de goteo diario propone que la porción de recursos coparticipables que corresponde a cada municipio se transfiera de manera automática a medida que los fondos ingresan a las cuentas provinciales. De esta forma se busca eliminar las demoras y evitar que la disponibilidad del dinero dependa de decisiones administrativas discrecionales.

Lapadula sostuvo que se trata de recursos que ya ingresaron a la Provincia y que corresponden a los vecinos de Río Grande. Su planteo traslada la discusión al ámbito legislativo: la Legislatura deberá definir si reúne los votos necesarios para insistir con la norma y superar el veto del Ejecutivo.

La discusión adquiere especial relevancia esta semana, cuando está previsto el tratamiento del financiamiento educativo impulsado por el gobernador Gustavo Melella. Aunque se trata de iniciativas diferentes, ambas colocan en el centro la misma cuestión: cómo se obtienen, administran y distribuyen los recursos públicos en la provincia.

Mientras la Provincia busca herramientas para financiar sus obligaciones, Río Grande exige regularizar las transferencias que reclama como propias y establecer reglas previsibles para recibirlas. El debate del 28 de octubre en la Legislatura permitirá observar la posición de cada sector frente al manejo fiscal provincial.

La convocatoria anunciada por Lapadula para tratar la ley de goteo deberá seguir su propio trámite legislativo, independiente del tratamiento del financiamiento educativo. De concretarse la insistencia, el Parlamento deberá reunir los dos tercios de los votos para dejar sin efecto el veto del Poder Ejecutivo.

Para el vecino riograndense, el resultado de esta pulseada implica mayor previsibilidad en la prestación de servicios municipales, el pago de proveedores locales y la ejecución de obras, en un contexto donde la coparticipación representa la principal fuente de ingresos del municipio más poblado de Tierra del Fuego.