Santacruz presentó descargo y rechaza cesantía por protesta salarial en Ushuaia
El trabajador municipal con 37 años de antigüedad y candidato a intendente por el Partido Federal impugnó el sumario administrativo, cuestionó pruebas ambientales y denunció irregularidades procesales. Acusó a la Municipalidad de usar el expediente como herramienta de persecución política.
El empleado municipal Luis Ángel Santacruz presentó su alegato y descargo definitivo ante el sumario administrativo que la Municipalidad de Ushuaia le inició tras la protesta salarial del 23 de abril pasado. En la presentación rechazó de plano la posibilidad de una sanción de cesantía, impugnó parte de la prueba incorporada y solicitó su sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.
Santacruz, quien además es candidato a intendente de Ushuaia por el Partido Federal, reconstruyó en su escrito los hechos ocurridos durante la manifestación de trabajadores municipales no agremiados que reclamaban una recomposición salarial. Reconoció su participación en la protesta, que calificó de legítima y pacífica, y detalló que, por las bajas temperaturas, se encendió un fuego dentro de un tambor metálico ubicado a unos 15 metros del ingreso al microestadio “Cochocho Vargas”.
Su defensa sostuvo que solo se utilizaron leña y cartón, que el fuego permaneció contenido y que no se quemaron neumáticos, tal como habría quedado plasmado en parte de la documentación del expediente. En ese sentido, dirigió fuertes cuestionamientos al informe de la Dirección de Ambiente, que según su presentación analiza los efectos contaminantes de la combustión de cubiertas pero no demuestra que efectivamente se hubieran quemado neumáticos aquella jornada.
“El documento no contiene análisis de cenizas ni pericias químicas que permitan determinar qué materiales fueron utilizados”, planteó Santacruz, quien incorporó como elemento de descargo el certificado de intervención de Bomberos. Según la constancia citada, la dotación arribó al lugar a las 11:17, encontró el fuego confinado dentro del tambor y lo extinguió sin que se registrara propagación a elementos cercanos.
El trabajador también denunció irregularidades en el desarrollo del propio procedimiento administrativo. Objetó un acta de incomparecencia fechada el 14 de mayo que habría consignado que estaba debidamente notificado, cuando la cédula de notificación fue diligenciada en su domicilio con posterioridad. A partir de esa diferencia temporal, solicitó la nulidad de determinadas actuaciones.
Uno de los aspectos más sensibles del descargo aparece cuando Santacruz vincula el sumario con sus antecedentes de conflicto con la actual gestión municipal. Recordó denuncias previas ante el Ministerio de Trabajo por presunta persecución política y discriminación, y mencionó presentaciones contra autoridades, entre ellas el intendente Walter Vuoto.
“La administración actúa como juez y parte y utiliza el procedimiento disciplinario para avanzar contra quien protagonizó un reclamo laboral”, sostuvo, y llegó a plantear la posible existencia de una “desviación de poder para acallar el reclamo gremial”. Se trata de una acusación que forma parte de su estrategia de defensa y que deberá ser evaluada por la autoridad administrativa.
La proporcionalidad de la eventual sanción ocupa un lugar central en el escrito. Santacruz ingresó a la Municipalidad de Ushuaia el 1 de enero de 1989 y acumula 37 años de servicio. Se encuentra a pocos meses de acceder al beneficio jubilatorio. En ese contexto, cuestiona que un episodio ocurrido en el marco de una protesta salarial pueda derivar en la pérdida de su laboral tras casi cuatro décadas de carrera.
También objetó que se utilicen en el expediente antecedentes disciplinarios de la década de 1990 y comienzos de los 2000. Según su defensa, esos episodios ya fueron sancionados en su momento y volver a considerarlos para justificar una cesantía vulneraría principios de proporcionalidad y garantías del régimen disciplinario.
En su presentación final, Santacruz pidió que se declaren las nulidades planteadas, que se incorporen nuevas pruebas y que se descarte la sanción propuesta. Solicitó su absolución y el archivo del sumario. El expediente queda ahora en manos de la autoridad administrativa municipal, que deberá determinar si las conductas están acreditadas y si justifican una medida de semejante gravedad.
El caso expone una situación compleja para la Municipalidad de Ushuaia. Un trabajador con casi cuatro décadas de antigüedad enfrenta la posibilidad de cesantía mientras sostiene que el procedimiento contiene irregularidades y que existe una motivación política vinculada a su actividad gremial y a su candidatura a intendente. La resolución que se adopte deberá explicar con claridad si la sanción responde exclusivamente a razones disciplinarias o si, como plantea el trabajador, el sumario se utiliza como herramienta de presión.
Según informó Crónicas Fueguinas, lo que comenzó como un reclamo salarial terminó convertido en una disputa que excede el episodio del 23 de abril y pone en discusión las garantías que deben regir cuando un empleado municipal con aspiraciones políticas es sometido a un procedimiento disciplinario por parte de la misma administración que pretende gobernar.