Senadores libertarios respaldan proyecto que habilitaría remate de terrenos en Ushuaia

Un proyecto de ley nacional que modifica el régimen de tierras fiscales en Tierra del Fuego generó fuerte polémica en la provincia. La iniciativa, impulsada desde el bloque de La Libertad Avanza, cuenta con el aval de los dos senadores fueguinos del espacio libertario y es vista por sectores de la oposición como un instrumento que habilitaría el remate de terrenos públicos en Ushuaia.

El texto busca modificar la ley 26.160 y otras normas relacionadas con el relevamiento territorial, permitiendo en la práctica la enajenación de tierras que hoy están bajo dominio del Estado nacional y que en muchos casos se encuentran ocupadas o en proceso de regularización. Según trascendió, los senadores Juan Carlos Pagotto y María Victoria Villarruel (esta última como presidenta de la Cámara alta) acompañan la iniciativa, lo que ha sido interpretado localmente como un aval directo a la postura del presidente Javier Milei.

Desde el Ejecutivo provincial y desde intendencia de Ushuaia manifestaron preocupación. El intendente Walter Vuoto, a través de sus colaboradores, señaló que el proyecto “no contempla la realidad local” y que podría generar una ola de especulación inmobiliaria en una ciudad que ya enfrenta serios problemas de acceso a la vivienda. “Ushuaia no se remata”, fue la frase que circuló en las últimas horas entre dirigentes del peronismo fueguino.

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Héctor “Tito” Stefani, también de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa. Argumentó que el objetivo es “regularizar la tenencia de la tierra” y terminar con años de ocupaciones irregulares y litigiosidad. “No se trata de rematar nada, sino de dar certeza jurídica a quienes ya están viviendo en esos terrenos”, indicó en diálogo con medios locales.

Sin embargo, desde el bloque opositor y desde organizaciones sociales y ambientales se cuestiona la velocidad y las condiciones en que se pretende avanzar. “Los senadores libertarios están actuando como escribanos de una entrega que afecta el patrimonio de los fueguinos”, sostuvo un comunicado firmado por dirigentes del Frente de Todos y del Partido Verde que circuló en las últimas horas.

El tema cobra especial relevancia en Ushuaia, donde el crecimiento demográfico desordenado y la falta de tierras fiscales disponibles para vivienda social han sido problemas crónicos. Según datos de la Secretaría de Hábitat provincial, más de 3.500 familias esperan soluciones habitacionales en la capital fueguina. Cualquier modificación al régimen de tierras genera inmediata repercusión en el mercado inmobiliario local, donde los valores ya se encuentran entre los más altos del país.

Desde el gremio SUTEF y desde la UNTDF también expresaron su rechazo. Consideran que el proyecto va en sentido contrario a las políticas de soberanía territorial que históricamente se han defendido en la provincia. “No podemos permitir que se mercantilicen tierras que deberían estar al servicio del desarrollo local y no de la especulación”, señalaron.

El debate recién comienza en el Senado de la Nación. Fuentes legislativas indicaron que el oficialismo buscará avanzar rápidamente con el tratamiento, mientras que bloques provinciales y de la oposición intentarán introducir modificaciones que preserven el control local sobre los terrenos.

En Río Grande y Tolhuin el tema genera menos ruido, aunque desde la Asociación Fueguina de Organizaciones Sociales advirtieron que cualquier cambio en el régimen de tierras terminará impactando en el costo de vida y en el acceso a la vivienda en las tres ciudades de la provincia.

El gobernador Gustavo Melella aún no se pronunció públicamente sobre el proyecto, pero voceros de Casa de Gobierno indicaron que el Ejecutivo provincial está analizando las implicancias y que enviarán observaciones al Congreso para que se contemple la particularidad fueguina y la Ley 19.640.

El tema de la tierra en Tierra del Fuego siempre fue sensible. Desde la época de las estancias fiscales hasta las ocupaciones de los últimos años, el dominio y el uso del suelo siguen siendo motivo de disputa política y social. Esta nueva pulseada en el Congreso Nacional vuelve a poner en el centro del debate quién decide sobre el territorio más austral del país.