Tierra del Fuego advierte sobre trampa jurídica en la pesca del Atlántico Sur y pide derogar ley clave

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur volvió a poner el foco en la defensa de los recursos pesqueros y la soberanía en el Atlántico Sur. En las últimas semanas, autoridades y legisladores fueguinos advirtieron que una ley nacional vigente desde hace años contiene una "trampa jurídica" que podría ser utilizada por intereses extranjeros para cuestionar la jurisdicción argentina sobre amplias zonas de pesca.

Se trata de la Ley 24.922, conocida como Ley Federal de Pesca, que establece el régimen de cuotas individuales transferibles de captura (CITC). Según el análisis provincial, algunos artículos de esa norma abren la posibilidad de interpretaciones que diluyen la soberanía nacional sobre las aguas adyacentes a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, al no explicitar con suficiente fuerza la continuidad de la plataforma continental argentina.

El planteo fue elevado tanto al Congreso Nacional como al Poder Ejecutivo. Desde Ushuaia y Río Grande se sostiene que la norma, tal como está redactada, genera una ambigüedad que podría ser aprovechada en foros internacionales o en litigios para argumentar que ciertas áreas no están bajo control efectivo argentino.

"Esta trampa jurídica no es un detalle técnico: es un riesgo concreto para la soberanía y para los recursos que pertenecen a todos los argentinos", sostuvieron s consultadas por este diario. La preocupación se centra en especies de alto valor comercial como la merluza negra, el langostino y la vieira, que son fundamentales para la economía provincial y generan miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la zona norte de la isla.

Desde la Legislatura Provincial se impulsa un proyecto que pide la derogación expresa de los artículos cuestionados y su reemplazo por una redacción que reafirme sin matices la soberanía argentina sobre el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental extendida. El texto también reclama que se incorpore de manera explícita la proyección antártica y malvinense en la legislación pesquera.

El debate no es nuevo. Ya en años anteriores, el Consejo Provincial de Pesca y la Secretaría de Malvinas de la provincia habían elevado alertas similares. Sin embargo, el actual contexto internacional —con mayor presión sobre los recursos del Atlántico Sur y la presencia recurrente de buques factoría extranjeros— ha vuelto a encender las alarmas.

Para los fueguinos, el tema trasciende la mera regulación pesquera. La pesca representa una de las principales actividades económicas de la provincia, junto con la industria electrónica, el turismo y el gas. Cualquier fisura en la defensa jurídica de los recursos naturales impacta directamente en el empleo, las regalías y el desarrollo local.

Desde el bloque de legisladores provinciales se insiste en que la derogación no implica desregular el sector, sino todo lo contrario: fortalecer el control estatal argentino sobre las capturas, las cuotas y el acceso a las áreas de pesca. "Necesitamos una ley que cierre puertas a interpretaciones maliciosas y que ponga en primer plano la soberanía", afirmaron.

El pedido fueguino se enmarca en una política de Estado que la provincia mantiene desde hace décadas respecto de Malvinas, Antártida y los espacios marítimos. En ese sentido, se espera que el gobernador impulse gestiones directas en Buenos Aires para que el tema sea tratado con prioridad en las comisiones del Congreso.

Mientras tanto, en los puertos de Ushuaia y Río Grande se mantiene el monitoreo constante de la actividad pesquera. Las recaladas de buques nacionales contrastan con la preocupación por la pesca ilegal e irreglar que se registra en zonas cercanas a la milla 200.

La iniciativa provincial busca no solo derogar los artículos cuestionados, sino también actualizar toda la legislación pesquera para que responda a los desafíos del siglo XXI: el cambio climático, la presión internacional sobre los caladeros y la necesidad de mayor control tecnológico sobre las flotas.

Para los habitantes de las tres ciudades fueguinas, el mensaje es claro: la soberanía se defiende también con leyes precisas, que no dejen margen para interpretaciones que puedan perjudicar los intereses nacionales en el Atlántico Sur.