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Tierra del Fuego busca ampliar certificación de prácticas laborales sostenibles en el sector rural

La provincia avanza en la adopción de estándares internacionales de sostenibilidad laboral para el campo fueguino, con el objetivo de mejorar condiciones de trabajo y competitividad en mercados exigentes.

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Provincia y RENATRE fortalecen prácticas laborales sostenibles en el sector rural fueguino
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La provincia de Tierra del Fuego avanza en la ampliación de la certificación de prácticas laborales sostenibles en el sector rural, un proceso que busca alinear las actividades del campo con estándares internacionales de responsabilidad social y ambiental.

Desde la Secretaría de Producción y Ambiente se trabaja en la extensión de estos certificados a más establecimientos ganaderos y forestales, principalmente en la zona centro y norte de la isla. La iniciativa responde a demandas de compradores europeos y asiáticos que exigen garantías sobre condiciones de trabajo dignas, ausencia de trabajo infantil y prácticas de conservación del suelo y el agua.

En Tolhuin y Río Grande, donde se concentra gran parte de la actividad rural fueguina, ya hay varios productores que obtuvieron la certificación inicial. Según datos provinciales, el año pasado se certificaron unas 12 mil hectáreas bajo estos estándares. Para 2026 se apunta a duplicar esa superficie y sumar al menos 15 nuevos establecimientos.

La certificación incluye auditorías anuales que verifican el cumplimiento de normativas laborales locales e internacionales. Entre los puntos clave se evalúa el pago de salarios acordes a paritarias, la formación continua de los trabajadores rurales, el acceso a salud y la implementación de medidas de seguridad en el manejo de maquinaria y animales.

"Es una herramienta que nos permite diferenciar nuestra producción y acceder a mercados premium", explicó un referente del sector consultado por este medio. En paralelo, desde el Municipio de Tolhuin se ofrece asistencia técnica y subsidios para que los pequeños productores puedan costear las auditorías, que rondan los 800 mil pesos por establecimiento.

El proceso se enmarca en un programa provincial que articula con el Consejo Agrario y la Cámara de Productores Rurales de Tierra del Fuego. Además, se busca vincular esta certificación con incentivos impositivos y líneas de financiamiento específicas para el sector.

En Ushuaia, donde el foco turístico muchas veces opaca la agenda rural, desde el Concejo Deliberante se presentó un proyecto para declarar de interés provincial la ampliación de estas certificaciones. Los ediles destacaron que el campo no solo genera empleo directo sino que también sostiene actividades complementarias como el agroturismo y la venta de productos locales en el circuito gastronómico.

Expertos consultados señalan que la sostenibilidad laboral se ha convertido en un requisito cada vez más exigido por los compradores de lana, carne ovina y productos forestales. En un contexto donde el cambio climático afecta los ciclos productivos en el extremo sur, contar con estos certificados ayuda a mitigar riesgos y mejorar la resiliencia de las explotaciones.

Desde el Gobierno provincial anticiparon que en las próximas semanas se abrirá una nueva convocatoria para que productores interesados puedan inscribirse en el programa de acompañamiento. La meta es que para fin de 2027 más del 40% de la superficie rural productiva cuente con certificación de prácticas sostenibles.

Este avance posiciona a Tierra del Fuego como una de las provincias patagónicas con mayor énfasis en la trazabilidad social de su producción primaria, un diferencial que puede traducirse en mayor valor agregado y generación de empleo de calidad en las tres ciudades.

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