Tierra del Fuego impulsa cambios legales para frenar buques petroleros británicos y ruta con Punta Arenas

La Legislatura de Tierra del Fuego analiza un conjunto de reformas legislativas destinadas a endurecer los controles sobre buques petroleros de bandera británica que operan desde las Islas Malvinas y a sancionar la ruta marítima comercial que une esos puertos con Punta Arenas, en Chile.

Según trascendió de s parlamentarias, el objetivo central es actualizar la normativa provincial en materia de soberanía, transporte marítimo y actividades hidrocarburíferas para impedir que estas operaciones se realicen sin autorización argentina, reforzando así la posición fueguina en el Atlántico Sur. El proyecto busca modificar la ley de Hidrocarburos y la normativa de Puertos para incluir mecanismos de sanción explícitos, como multas elevadas y prohibición de acceso a aguas provinciales.

La iniciativa responde al incremento de la actividad petrolera offshore en torno a Malvinas, donde empresas británicas han intensificado las exploraciones y el traslado de crudo. En paralelo, la ruta comercial con Punta Arenas se ha consolidado como alternativa logística para esos buques, lo que genera preocupación tanto por el impacto ambiental como por el reconocimiento implícito de jurisdicciones en disputa.

Diputados de los bloques oficialista y opositor coincidieron en que la medida no solo tiene un componente soberano, sino también económico: se busca proteger las inversiones locales en la Cuenca Austral y evitar que el flujo de hidrocarburos bypassée los controles argentinos. “El fueguino ve en estas rutas una amenaza concreta a sus recursos y a la identidad provincial”, señalaron en los pasillos de la Legislatura.

El gobernador Gustavo Melella ya recibió un primer borrador del proyecto elaborado por la comisión de Asuntos Estratégicos. s de Casa de Gobierno indicaron que el Ejecutivo acompañará la iniciativa con un decreto complementario que fortalezca la vigilancia en el Canal Beagle y el área del gateway antártico. Se prevé que el debate comience la próxima semana en comisión, con participación de especialistas en derecho internacional y representantes de la Armada Argentina.

Desde la oposición, legisladores del Partido Verde y de Somos Fueguinos destacaron la necesidad de que las modificaciones sean “claras, aplicables y coordinadas con la Nación”. Recordaron que en los últimos años hubo varios incidentes con buques de apoyo logístico que no respetaron los corredores marítimos establecidos por Argentina.

El tema cruza las agendas de Ushuaia y Río Grande. En la capital, donde el puerto es pieza clave del turismo antártico, se teme que cualquier conflicto marítimo afecte las recaladas de cruceros. En la ciudad norteña, en cambio, el foco está puesto en la industria y en cómo estas rutas pueden competir deslealmente con el desarrollo local de Vaca Muerta sur.

Especialistas consultados coinciden en que las reformas deben alinearse con la legislación nacional de Malvinas y con los compromisos internacionales de Argentina en materia de protección ambiental marina. Se espera que el texto definitivo incorpore definiciones precisas sobre “buques de interés estratégico” y mecanismos de denuncia automática ante organismos multilaterales.

La discusión se da en un contexto de creciente tensión diplomática por la explotación británica en el Atlántico Sur, aunque desde el Gobierno provincial insisten en que el enfoque es estrictamente local y busca defender los intereses de los tres municipios fueguinos.