Trabajadores de Uber presentaron amparo contra ordenanza que regula plataformas en Río Grande

Un grupo de trabajadores que prestan servicios a través de plataformas electrónicas como Uber presentó un recurso de amparo contra la Ordenanza Municipal N.º 4892/2026 de Río Grande, que regula el transporte de pasajeros mediante aplicaciones.

La acción judicial, patrocinada por el abogado Miguel Ángel Febre, sostiene que la facultad de regular este tipo de transporte corresponde exclusivamente al Estado nacional y no a los municipios. Por ese motivo, solicitan que se declare la inaplicabilidad de la norma en el ámbito de la ciudad más poblada de Tierra del Fuego.

Según el escrito al que accedió El Diario de Tierra del Fuego, los amparistas consideran que la ordenanza genera una “restricción desmedida” al ejercicio de su actividad laboral y viola principios constitucionales de libre comercio y de reparto de competencias entre Nación, provincias y municipios.

La Ordenanza 4892/2026, aprobada por el Concejo Deliberante de Río Grande, establece requisitos para que las plataformas digitales operen legalmente: inscripción de vehículos y conductores, seguros específicos, fiscalización municipal y el pago de tasas. Desde el municipio argumentan que se trata de una herramienta para ordenar el servicio, garantizar la seguridad de los usuarios y proteger el espacio público.

Sin embargo, los trabajadores afectados afirman que la norma “desconoce la naturaleza federal del transporte” y que, al imponer trabas administrativas y económicas, pone en riesgo cientos de fuentes de trabajo en una ciudad donde el empleo formal es un tema sensible.

“El transporte por aplicaciones es un servicio de carácter interjurisdiccional y, como tal, su regulación primaria le corresponde al Congreso de la Nación”, sostiene el amparo. Febre, quien ya representó a otros trabajadores de apps en causas similares en el país, anticipó que pedirán una medida cautelar para frenar la aplicación inmediata de la ordenanza mientras se resuelve el fondo del asunto.

Desde la Intendencia que encabeza Martín Pérez, hasta el momento no emitieron declaraciones oficiales sobre la presentación judicial. En conversaciones off the record, funcionarios indicaron que la ordenanza fue elaborada con el objetivo de “regular y no prohibir”, y que se buscaron puntos de equilibrio con las empresas y los choferes durante su debate en el Concejo.

El caso se suma a un debate que se replica en varias ciudades argentinas. En Ushuaia, por ejemplo, existe una regulación similar desde hace varios años, mientras que en Tolhuin aún no se avanzó con una norma específica. A nivel nacional, el Congreso tiene proyectos en carpeta para crear un marco regulatorio unificado, aunque su tratamiento se encuentra demorado.

Los trabajadores que impulsan el amparo se desempeñan mayoritariamente como choferes independientes y sostienen que la ordenanza municipal les genera costos adicionales (inscripciones, certificados, tasas) que reducen sus márgenes en un contexto de alta inflación y aumento del combustible.

La Justicia provincial deberá determinar si corresponde el amparo y, en caso afirmativo, si la ordenanza invade competencias ajenas o si, por el contrario, el municipio tiene facultades para regular el uso del espacio público y la prestación de servicios dentro de su ejido.

El expediente ya fue radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Río Grande. Se espera que en las próximas semanas se defina si se concede la medida cautelar solicitada, lo que podría suspender la aplicación de la Ordenanza 4892/2026 hasta que haya una sentencia definitiva.