Ushuaia y Río Grande: preocupación por la extranjerización de tierras en Tierra del Fuego
Organizaciones y vecinos alertan sobre la venta de terrenos a capitales extranjeros, en particular vinculados a intereses sionistas e imperialistas. Desde el municipio de Ushuaia y la provincia se busca regular estas operaciones que impactan en el acceso a la vivienda y la soberanía territorial.
La extranjerización de tierras en Tierra del Fuego volvió a generar preocupación en distintos sectores de la provincia. Según un informe publicado por Prensa Obrera, sectores vinculados al sionismo y al imperialismo estarían adquiriendo grandes extensiones de terreno en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, lo que pone en debate el control soberano sobre uno de los territorios más estratégicos del país.
El artículo señala que en los últimos años se registraron operaciones de compraventa de campos, costas y zonas de alto valor turístico y estratégico a manos de inversores extranjeros. En Ushuaia, particularmente en la zona del Canal Beagle y cercanías al Parque Nacional, varios lotes habrían pasado a propiedad de sociedades offshore con nexos a capitales israelíes y estadounidenses.
Desde el Concejo Deliberante de Ushuaia, la concejala de Unidad Popular, Victoria Vuoto, había impulsado en años anteriores proyectos para limitar la venta de tierras a extranjeros en zonas de frontera y de interés turístico. Sin embargo, la aplicación efectiva de controles sigue siendo un desafío, según admiten fuentes municipales consultadas.
“El fueguino común ve cómo el precio del suelo se dispara por estas operaciones y cada vez es más difícil acceder a un terreno para vivienda propia o para proyectos productivos locales”, explicó un vecino de Río Grande que participa de asambleas ambientales. El costo de vida en las tres ciudades ya es elevado; la presión sobre la tierra agrava el problema habitacional que el Instituto Provincial de Vivienda no logra resolver del todo.
En Tolhuin, donde el lago Fagnano y los bosques son el principal atractivo, se detectaron compras de hectáreas por parte de fondos de inversión que luego las destinan a desarrollos turísticos de lujo con clientela casi exclusivamente extranjera. Esto genera tensiones con comunidades mapuches y con prestadores locales que quedan fuera de la cadena de valor.
La provincia de Tierra del Fuego tiene legislación específica sobre tierras fiscales y zonas de seguridad de fronteras, pero su cumplimiento depende de la voluntad política y de los recursos de control de la Agencia de Tierras. Desde Casa de Gobierno indicaron que se está trabajando en un relevamiento actualizado de la titularidad de los inmuebles rurales y costeros, aunque no brindaron plazos concretos.
El tema adquiere mayor relevancia por la posición geopolítica de la provincia: es puerta de entrada a la Antártida, cuenta con proyección sobre el Atlántico Sur y Malvinas, y posee recursos naturales estratégicos. Organizaciones políticas y sociales sostienen que permitir la extranjerización equivale a ceder soberanía de facto en un momento en que las tensiones internacionales por recursos y rutas marítimas están en aumento.
Desde el sector turístico, sin embargo, algunos operadores sostienen que la llegada de capital extranjero permite desarrollar infraestructura que el Estado provincial no financia, como muelles privados o complejos hoteleros de alta gama que atraen cruceros de lujo. No obstante, la mayoría de los consultados coincide en que los beneficios quedan concentrados y no revierten en empleo de calidad para los fueguinos.
El debate se da en paralelo a la discusión nacional sobre el RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) y la ley de Bases, que facilitan el ingreso de capitales externos a sectores estratégicos. En Tierra del Fuego, donde la Ley 19.640 sigue siendo el principal instrumento de promoción industrial, la venta de tierras aparece como un capítulo paralelo y poco visibilizado.
Vecinos y referentes de los tres municipios coinciden en que se necesita mayor transparencia en los registros de propiedad y una ley provincial que establezca límites claros a la extranjerización, especialmente en zonas de frontera, costas y áreas naturales protegidas. Mientras tanto, la presión sobre el suelo urbano y rural sigue creciendo, y el acceso a la vivienda se convierte en uno de los principales problemas que miden la gestión tanto provincial como municipal.
