Caída de la actividad y pobreza al 32,3% ponen en alerta las expectativas de recuperación en Tierra del Fuego

La economía argentina registró una contracción del 2,9% en julio respecto de junio, mientras que la pobreza afectó al 32,3% de la población en el primer semestre del año. Estos datos encendieron alertas en el mercado y entre analistas, que reclaman mayor claridad y medidas concretas del Gobierno nacional para reactivar la actividad.

Desde Tierra del Fuego, donde la industria electrónica del Parque Industrial de Río Grande y el sector pesquero de Ushuaia dependen fuertemente de la demanda interna y del poder adquisitivo de los trabajadores, la noticia genera preocupación directa. Una caída sostenida de la actividad económica nacional impacta de lleno en las líneas de producción de televisores, celulares y electrodomésticos, sectores que ya vienen de suspensiones y ajustes por la recesión.

Según proyecciones oficiales, la inflación para 2027 bajaría más lento de lo que se estimaba hace un año. Esa revisión a la baja en las expectativas oficiales refuerza la idea de que el camino hacia la estabilización será más prolongado, con consecuencias sobre el empleo fueguino. En Río Grande, la UOM y AFARTE vienen alertando sobre la necesidad de sostener el subrégimen industrial de la Ley 19.640, precisamente en un contexto donde el consumo se contrae.

El aumento de la pobreza al 32,3% en los primeros seis meses del año también afecta la cadena de valor local. En una provincia donde gran parte de los hogares tiene al menos un familiar trabajando en la industria, el Estado provincial o en la pesca, la pérdida de poder adquisitivo reduce el consumo de bienes durables y, por ende, las horas trabajadas en las plantas.

Desde el sector energético austral, vinculado a la Cuenca Austral y al proyecto Fénix de Total Austral, también se sigue con atención la evolución macro. Aunque las exportaciones de gas y petróleo offshore tienen un componente dolarizado, la inversión y el empleo local dependen de un contexto de estabilidad que hoy parece lejano. La propia proyección oficial de una desinflación más lenta para 2027 genera incertidumbre sobre los plazos de ejecución de obras de infraestructura energética que la provincia necesita.

En el frente pesquero, la situación es similar. Las cuotas de langostino, merluza negra y vieira se definen en un mercado internacional, pero el consumo interno de productos pesqueros y la rentabilidad de las empresas radicadas en el puerto de Ushuaia se ven afectadas por la caída del poder de compra de las familias. Además, la presión fiscal y las regalías que genera la actividad pesquera y petrolera son clave para las arcas provinciales en un escenario de coparticipación federal ajustada.

El mercado espera señales más concretas del Gobierno nacional. Hasta ahora, la prioridad ha sido el ordenamiento de las cuentas públicas, pero la profundidad y duración de la recesión comienzan a poner en duda la velocidad de la recuperación. Para Tierra del Fuego, que ya arrastra años de volatilidad industrial, cada punto de caída del PBI nacional se traduce en suspensiones, menor recaudación de AREF y mayor presión sobre los servicios provinciales.

Analistas consultados coinciden en que se requiere un mayor esfuerzo en políticas de reactivación sectorial, especialmente para las economías regionales y las provincias con regímenes especiales como la nuestra. Mientras tanto, en Río Grande, Ushuaia y Tolhuin los trabajadores siguen con atención las próximas definiciones, conscientes de que el bolsillo y el empleo dependen en gran medida de cómo evolucione esta etapa de ajuste.