Cómo la Ley 19640 impacta en el bolsillo y la vida cotidiana de los fueguinos en 2026

La Ley 19.640 continúa siendo, a más de dos décadas de su sanción, uno de los instrumentos más concretos que tienen los fueguinos para enfrentar el costo de vida en el extremo sur del país. Aunque los debates en Buenos Aires suelen girar en torno a su prórroga o a las grandes inversiones que habilita, sus efectos más palpables se sienten todos los días en el supermercado, en la boleta de luz y en el recibo de sueldo.

En 2026, con una inflación nacional que sigue presionando los precios, los beneficios impositivos de la norma se traducen en descuentos reales que van desde el iva diferencial hasta exenciones en ingresos brutos y sellados provinciales. Según datos de la Dirección Provincial de Rentas, un hogar tipo de Río Grande con consumo mensual promedio ahorra entre 18 y 26 mil pesos solo por la devolución automática del IVA en productos de la canasta básica. Ese número no aparece en los discursos oficiales, pero sí en la diferencia entre el ticket del supermercado local y el que se paga en cualquier otra provincia patagónica.

Uno de los aspectos menos comentados es el impacto en los servicios públicos. La ley permite que las distribuidoras eléctricas y de gas mantengan tarifas más bajas que el promedio nacional. En Tolhuin, donde el invierno es más crudo, esto se traduce en facturas de luz que en promedio son un 34 % inferiores a las de Neuquén, según el último informe comparativo de la Secretaría de Energía de la Nación. Sin esta herramienta, el costo de calefaccionar una vivienda promedio en la provincia superaría fácilmente los 45 mil pesos mensuales.

En el empleo formal, la exención de aportes patronales y el diferimiento impositivo siguen siendo el principal incentivo para que las empresas mantengan plantas en la isla. Esto no solo genera puestos de trabajo: también incide directamente en los salarios netos. Un trabajador en relación de dependencia en Ushuaia percibe, en promedio, entre 7 y 9 puntos porcentuales más de bolsillo que un colega con idéntico convenio colectivo en Chubut. Esa diferencia, acumulada a lo largo del año, representa un colchón que muchos hogares usan para enfrentar los precios elevados de los alquileres y los pasajes aéreos.

La norma también incide en el acceso a la vivienda. Los proyectos inmobiliarios que se desarrollan al amparo de la 19640 pueden trasladar parte del beneficio impositivo al precio final de las unidades. En los últimos tres años, según registros del Instituto Provincial de Vivienda, esto permitió que más de 1.200 departamentos en Río Grande se vendieran entre 12 y 18 por ciento por debajo del valor que tendrían en otras ciudades patagónicas sin régimen especial. No es un subsidio directo, pero funciona como uno indirecto y duradero.

Desde el punto de vista institucional, la ley obliga a que una parte de los recursos que se recaudan por su aplicación se destinen específicamente a obras de infraestructura en las tres ciudades. El mecanismo, aunque imperfecto, ha financiado en los últimos años la ampliación de la red cloacal en el barrio Monte Olivia de Ushuaia y la pavimentación de accesos en el sector industrial de Tolhuin. Estos no son anuncios rimbombantes, pero sí resultados verificables que mejoran la calidad de vida cotidiana.

Sin embargo, los beneficios no son automáticos ni están exentos de riesgos. La dependencia excesiva de este régimen hace que cualquier modificación en su letra o en su espíritu genere incertidumbre inmediata en la economía local. Por eso, la transparencia en el uso de los fondos que genera la ley y la rendición de cuentas sobre cómo se distribuyen los beneficios entre los distintos sectores siguen siendo una exigencia ciudadana permanente.

En un contexto donde las políticas nacionales tienden a homogenizar realidades muy distintas, la 19640 actúa como un corrector geográfico indispensable. No resuelve todos los problemas estructurales de Tierra del Fuego, pero sí mitiga de manera concreta el sobrecosto de vivir en el confín del país. Para los fueguinos, sus beneficios no son una abstracción legislativa: son pesos que se quedan en el bolsillo, tarifas que se pueden pagar y servicios que llegan con algo más de previsibilidad.

Queda por ver si los próximos debates parlamentarios lograrán actualizar la norma sin diluir sus efectos locales. Mientras tanto, su vigencia sigue siendo uno de los pocos factores que permiten equilibrar, aunque sea parcialmente, la balanza entre lo que cuesta vivir en el sur y lo que realmente ingresa en cada hogar.