Cómo la salud pública en Tierra del Fuego enfrenta el desafío del envejecimiento poblacional

Doña Rosa, de 78 años, vive en el barrio Almafuerte de Río Grande. Cada vez que necesita renovar su medicación para la hipertensión, sabe que el viaje hasta el hospital será largo y, muchas veces, infructuoso. "Me dicen que hay que sacar turno con tres meses de anticipación", cuenta mientras prepara el mate en su cocina. Su historia no es un caso aislado. En Tierra del Fuego, el envejecimiento de la población está poniendo a prueba un sistema de salud pública que, aunque cuenta con recursos, parece diseñado para otra época.

Según datos del último censo provincial, el porcentaje de personas mayores de 65 años creció casi un 18% en la última década. En Ushuaia y Río Grande, esta tendencia se acelera por la migración de jóvenes hacia el continente en busca de oportunidades. Los que se quedan son, cada vez más, abuelos y abuelas que necesitan atención continua por diabetes, problemas cardiovasculares y deterioro cognitivo. Pero los servicios no han acompañado ese cambio demográfico con la misma velocidad.

En Tolhuin, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local recibe cada mañana a decenas de jubilados que llegan caminando o en colectivos precarios. La médica de familia que atiende allí, la doctora Laura Gómez, explica que el principal problema no es la falta de voluntad, sino la falta de coordinación. "Tenemos buenos profesionales, pero nos falta un sistema integrado que conecte los CAPS con los hospitales de mayor complejidad y con los programas domiciliarios", dice.

Los vecinos del barrio Río Pipo en Ushuaia relatan situaciones similares. Don Héctor, ex trabajador de la fábrica de electrónicos, tuvo que esperar cuatro meses para que le realizaran una ecografía de control tras un preinfarto. "En el medio, me descompensé dos veces. Mi mujer tuvo que pedirle plata prestada al vecino para comprar las pastillas", recuerda. Estas demoras no solo generan sufrimiento; también aumentan los costos del sistema cuando los pacientes terminan internados de urgencia.

La provincia cuenta con la ley 19640 y recursos petroleros, pero la distribución de esos fondos en salud parece no priorizar el cuidado de larga duración. Mientras se invierte en aparatología de alta complejidad, los programas de atención domiciliaria y los equipos interdisciplinarios para adultos mayores siguen siendo escasos. En Río Grande, solo dos equipos recorren los barrios para atender a pacientes postrados. Son insuficientes para una población que envejece rápidamente.

Organizaciones barriales y centros de jubilados vienen reclamando desde hace años la creación de un programa provincial específico de envejecimiento saludable. No se trata solo de construir más hospitales, sino de repensar la atención. Imaginen un sistema donde cada adulto mayor tenga un mapa claro de sus controles anuales, donde los medicamentos crónicos lleguen a domicilio y donde haya transporte adaptado para quienes no pueden movilizarse solos.

La directora del Hospital Regional de Ushuaia reconoce el desafío. "Estamos trabajando en un plan de fortalecimiento de la atención primaria con foco en crónicos y adultos mayores", asegura. Sin embargo, los vecinos piden que las palabras se traduzcan en acciones concretas y visibles. En los barrios, la percepción es que siempre se prioriza lo urgente por sobre lo importante.

Experiencias exitosas en otras provincias patagónicas muestran que es posible avanzar. En Santa Cruz, por ejemplo, implementaron "unidades móviles de geriatría" que recorren zonas rurales y periféricas. En Tierra del Fuego, con su geografía particular y sus distancias, esa idea podría adaptarse fácilmente. Imaginen una furgoneta equipada que visite los barrios una vez por mes con médico, enfermero, nutricionista y trabajador social.

Mientras tanto, familias enteras cargan con el peso de cuidar a sus mayores. Muchas mujeres, hijas o nueras, dejan sus empleos o reducen sus horas para acompañar a sus padres en consultas que se postergan una y otra vez. Ese costo invisible no aparece en los balances presupuestarios, pero erosiona la economía familiar y la salud mental de quienes cuidan.

Desde las organizaciones de derechos humanos locales recuerdan que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Argentina, obliga al Estado a garantizar una atención integral y preferencial. No es un favor; es una obligación.

El desafío es grande, pero también es una oportunidad. Tierra del Fuego podría convertirse en un ejemplo patagónico si decide poner a los adultos mayores en el centro de la planificación sanitaria. Eso implicaría no solo más presupuesto, sino una verdadera reingeniería del modelo de atención: más prevención, más domicilio, más coordinación entre niveles de atención y, sobre todo, más escucha a las voces de quienes ya vivieron gran parte de sus vidas en esta provincia.

Mientras caminamos por las calles de Río Grande un atardecer de invierno, vemos a varios abuelos esperando el colectivo que los llevará de vuelta a casa después de horas en la sala de espera. Sus rostros cansados nos interpelan. Detrás de las estadísticas de camas ocupadas y consultas realizadas, hay vidas concretas que merecen dignidad y cuidado oportuno. La salud pública no se mide solo por cuántos hospitales tenemos, sino por cuántas personas mayores logran envejecer con autonomía y sin miedo a enfermarse.