Concejala de Río Grande reclamó medidas judiciales por la retención de más de 40 días de coparticipación

Durante la primera reunión de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante de Río Grande, la concejal Alejandra Arce expresó su profunda preocupación por la situación financiera del Municipio tras la exposición de la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.

La edil cuestionó con dureza la retención de recursos de coparticipación por parte del Gobierno provincial, que supera los 40 días, y advirtió que esta demora genera un escenario de asfixia financiera que pone en riesgo el pago de salarios, el aguinaldo y la prestación de servicios básicos a los vecinos.

“Es lamentable que funcionarios del Gobierno provincial vayan a la Legislatura a decir que los municipios son un costo, cuando sabemos que la coparticipación es un derecho de los habitantes de Río Grande”, sostuvo Arce.

La concejal señaló que, pese a las reuniones mantenidas y los compromisos asumidos, no existen respuestas concretas. Como ejemplo, indicó que el cronograma de envío de fondos previsto para esta semana representa alrededor de un 25% menos de lo acordado en el último encuentro con el ministro de Economía.

Ante esta situación, reclamó que el Ejecutivo municipal defina los pasos a seguir y avance con las herramientas judiciales disponibles para recuperar los recursos. “Las instancias administrativas y las promesas de distintas reuniones ya no están teniendo resultados”, afirmó.

Arce manifestó especial inquietud por la posibilidad de cumplir con el pago del aguinaldo y los beneficios correspondientes a los trabajadores municipales. Además, destacó que el debate presupuestario se da en un contexto de incertidumbre, ya que el Municipio enfrenta dificultades para cumplir con las previsiones del ejercicio vigente por la falta de transferencias provinciales.

La falta de fondos, según la concejal, tiene consecuencias directas sobre las prestaciones que reciben los vecinos. Entre los servicios comprometidos mencionó la recolección de residuos, la atención sanitaria, el transporte público y la potabilización del agua. Recordó que Río Grande es el único municipio de Tierra del Fuego que tiene a su cargo este último servicio, lo que implica una responsabilidad económica y operativa permanente.

También cuestionó la ausencia de un convenio entre el Municipio y la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), un reclamo que lleva siete años sin resolverse. “Río Grande tiene 15 centros de salud y no se concreta un convenio con la obra social, es un capricho político que termina afectando a los vecinos”, dijo.

Arce advirtió que, si bien deben cumplirse los procedimientos institucionales para la presentación del Presupuesto 2027, resulta difícil proyectar el ejercicio sin certezas sobre los recursos disponibles. “Avizoramos un fin de año muy complejo, de mucho ahogamiento político hacia el Intendente”, manifestó.

La concejal cuestionó el posicionamiento actual del gobernador Gustavo Melella respecto de la autonomía municipal, recordando que en sus primeros años de gestión había defendido esa autonomía. También señaló que continúa pendiente la discusión sobre el impuesto inmobiliario y su distribución.

Finalmente, convocó a los representantes políticos de Río Grande a priorizar la defensa de los recursos de la ciudad por encima de las diferencias partidarias. “Los municipios no son un gasto, son los recursos que les corresponden a los vecinos de Río Grande”, concluyó.

Con información de medios locales.