Corte Suprema suspendió la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó este viernes una medida cautelar que suspende los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales y eliminado las limitaciones a la adquisición de campos por parte de personas jurídicas extranjeras.

La decisión llega tras un recurso de amparo presentado por legisladores y organizaciones que alertaron sobre los riesgos que implicaría la eliminación de controles sobre la propiedad extranjera de tierras en zonas de frontera y áreas estratégicas. El máximo tribunal ordenó mantener vigente la normativa anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En Tierra del Fuego, la noticia genera expectativa porque la provincia concentra uno de los territorios más sensibles del país en materia de soberanía. La Ley de Tierras, sancionada en 2007 y modificada en 2011, establecía límites del 15% para la propiedad rural en manos extranjeras y prohibiciones específicas en zonas de frontera, entre las que se encuentra gran parte de la isla.

El subrégimen de la Ley 19.640 y el desarrollo industrial de Río Grande no son los únicos ejes económicos de la provincia. El control de la tierra, el turismo en Ushuaia y la actividad forestal en Tolhuin también dependen de un marco regulatorio que preserve el dominio nacional sobre territorios estratégicos.

La suspensión cautelar evita, al menos de manera transitoria, que se habilite sin restricciones la compra de grandes extensiones de tierra por parte de capitales extranjeros en la zona austral. Fuentes judiciales consultadas indicaron que la Corte evaluó el “peligro en la demora” y el posible daño irreparable que podría generar la aplicación inmediata del DNU en regiones limítrofes.

Desde el sector turístico y de conservación ambiental se celebró la medida. En Ushuaia, donde el Parque Nacional Tierra del Fuego y el canal Beagle son activos centrales, se temía que la apertura indiscriminada pudiera afectar el control sobre áreas naturales.

En Río Grande, el foco principal sigue estando en el empleo industrial y el futuro del subrégimen industrial, pero referentes de la UOM y de la Cámara de Comercio local reconocen que la propiedad de la tierra también incide en el desarrollo de proyectos productivos vinculados a la energía y la forestación.

La medida de la Corte es provisoria. El tribunal correrá traslado a las partes y definirá en los próximos meses si declara la constitucionalidad o no del artículo 154 del DNU 70/2023. Mientras tanto, la Ley de Tierras Rurales vuelve a regir con sus restricciones originales.

El gobernador y los legisladores fueguinos seguirán de cerca el expediente, ya que cualquier definición final impactará no solo en el mercado inmobiliario rural sino también en la política de soberanía que la provincia defiende en los foros nacionales e internacionales.