Tierra del Fuego ampliará su demanda ante la Corte por la intervención del Puerto de Ushuaia
La provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la ANPyN como hecho nuevo y agravante. Cuestiona los fundamentos de las obras, el desplazamiento de personal y la falta de información sobre los recursos generados.
El Gobierno de Tierra del Fuego avanzará con una ampliación de su presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la continuidad de la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia.
Así lo confirmó la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, quien detalló que se incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) como un hecho nuevo y agravante dentro de la causa judicial en trámite.
Los equipos legales de la provincia trabajan en nuevas medidas tanto en el ámbito judicial como administrativo, a través de la Dirección Provincial de Puertos. “Esta resolución nos da más elementos para atacar estos actos administrativos”, afirmó Arroyo.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en los fundamentos utilizados por Nación para justificar la intervención, en especial las supuestas deficiencias de infraestructura y el plan de obras presentado. De las nueve obras incluidas en la planificación bajo el apartado “obras en ejecución”, solo una se encuentra efectivamente en marcha desde septiembre, mientras que las restantes tienen fechas previstas entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.
“Es grave que envíen esta información, es grave que mientan de esta manera en actos administrativos, y la gravedad que implica esto, sea el fundamento de una intervención provincial”, manifestó la funcionaria.
Arroyo señaló además que buena parte de los trabajos anunciados por la ANPyN ya estaban contemplados en los planes de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite. Por ese motivo, cuestionó que se utilicen como argumento para sostener la intervención.
También puso en duda el alcance real de las tareas proyectadas. “La mayoría de las obras son de uno o dos meses de extensión en el plazo de ejecución, por lo cual son obras menores, claramente no es una modernización del puerto de Ushuaia”, sostuvo.
Otro punto fuerte de los reclamos tiene que ver con la situación de los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos. La provincia cuestiona el desplazamiento de personal dispuesto durante la intervención y continúa afrontando el pago de salarios de aquellos que quedaron fuera de la administración nacional.
“Cualquier intervención toma la administración junto con todos sus trabajadores. Nunca se desplazó de esa manera”, expresó Arroyo. Advirtió que una prolongación de esta situación podría generar dificultades para sostener las obligaciones salariales que actualmente asume la Provincia.
Por otra parte, reclamó que la Nación brinde información sobre los ingresos generados por la actividad portuaria durante la intervención y el destino de esos recursos. La Dirección Provincial de Puertos y otros organismos realizaron pedidos de información que, hasta el momento, no habrían obtenido respuesta.
La falta de precisiones sobre la administración de los fondos constituye otro de los puntos que el Gobierno fueguino busca incorporar a sus cuestionamientos administrativos y judiciales.
Con la prórroga de la intervención como nuevo elemento, la provincia avanzará en la ampliación de su presentación ante la Corte Suprema y continuará con las actuaciones administrativas correspondientes. “La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial”, concluyó Mariángeles Arroyo.
Con información de medios locales.