Crecimiento del 20% anual en cárceles fueguinas exige más espacios y ley provincial

El crecimiento sostenido de la población privada de libertad mantiene al sistema penitenciario fueguino ante la necesidad de ampliar su infraestructura y adecuar las herramientas legales disponibles. Actualmente hay 355 hombres y 11 mujeres alojados, además de 25 personas monitoreadas mediante tobilleras electrónicas.

El director del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Ariel Ciares, explicó la dimensión del problema: “El Servicio Penitenciario todo el tiempo está tratando de conseguir nuevos espacios en virtud de que tenemos un ingreso poblacional del 20%”, una evolución que obliga a revisar permanentemente la capacidad disponible.

La preocupación no se limita al alojamiento. Ciares sostuvo que “si no tenés lugares adecuados, claramente no podés brindar un tratamiento adecuado”, porque la privación de libertad “no tiene que ver solamente con alojar a una persona y que no se escape”. La tarea, explicó, también implica asistencia psicológica y médica y herramientas destinadas a favorecer posteriormente la reinserción social.

Ante ese escenario, el Servicio Penitenciario trasladó al Ejecutivo dos necesidades centrales. Por un lado, “la posibilidad de nuevos espacios para poder trabajar, lugares de alojamientos distintos”; por otro, “una ley de ejecución propia”, debido a las dificultades para aplicar la normativa nacional en las condiciones provinciales.

Sobre este último punto, Ciares consideró que la legislación vigente “es una ley pensada a nivel federal, cuenta con otros recursos que nosotros no tenemos, está pensado para otra población penal”, y concluyó: “Es necesario avanzar en una ley de ejecución propia”. También anticipó un proyecto para derogar la Ley 1313, que actualmente restringe determinados beneficios para los internos.

Aunque rechazó hablar de hacinamiento, reconoció que el sistema se encuentra exigido: “Estamos con el nivel justo de población”, mientras continúa recibiendo personas por disposición judicial. En ese contexto, advirtió que “cada vez que recibís a alguien podés agravar o no las condiciones de detención del que ingresa y de los que están”.

La planificación de una nueva cárcel ya fue elevada al Ejecutivo. Según Ciares, “ya hemos diagramado un sistema carcelario adecuado al terreno, a la sociedad, al tipo de población penal que tenemos y al tratamiento que tenemos que llevar adelante”, con distintas localizaciones todavía bajo análisis.

Esta situación impacta directamente en la provincia, donde los recursos son limitados y el crecimiento carcelario genera presión sobre el presupuesto y los servicios de salud, asistencia social y seguridad. La posibilidad de una ley provincial permitiría adaptar los mecanismos de reinserción y beneficios a la realidad fueguina, evitando aplicar normas nacionales que presuponen infraestructura y personal que no se dispone localmente.

Según informó Tiempo Fueguino, desde el Servicio Penitenciario se busca que estas demandas sean atendidas en el corto plazo para evitar el deterioro de las condiciones de detención y mejorar las chances de reinserción de las personas privadas de libertad.