Tierra del Fuego reclama mayor coordinación y recursos de Nación para combatir la trata de personas

La lucha contra la trata de personas en Tierra del Fuego exige una articulación permanente entre los organismos provinciales y nacionales, pero ese funcionamiento atraviesa dificultades que obligaron a la provincia a reclamar medidas concretas y recursos específicos.

La secretaria provincial de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, reconoció en declaraciones a FM Centro que “no todas las conversaciones han sido tan gratas con el gobierno nacional”. La funcionaria explicó que el abordaje del delito federal involucra a tres ministerios nacionales: Justicia, Capital Humano y Seguridad.

“En este andamiaje funcionan tres ministerios de Nación”, detalló Splausky, y remarcó que las provincias no pueden intervenir de manera aislada en un tema de esta naturaleza. Uno de los principales reclamos se centró en la asistencia económica para las víctimas que logran salir de situaciones de explotación sexual, laboral o de cualquier otra índole.

Según precisó la secretaria, recientemente se alcanzó un acuerdo para un “programa de restitución de derechos” que firmó la ministra Lucía Rossi. Sin embargo, aclaró que su concreción no surgió de manera espontánea desde el gobierno nacional: “Fue un reclamo contundente de la provincia y por supuesto de otras provincias, para pedir una asistencia económica a las víctimas”.

El mecanismo comenzó a implementarse dos meses después de la firma del acuerdo, ya que los equipos provinciales deben recibir capacitación específica y realizar cargas administrativas determinadas. “Las víctimas tendrían una asistencia económica, que lo pagaría Nación directamente”, indicó Splausky, y consideró que se trata de una herramienta indispensable dentro de procesos de recuperación que suelen ser prolongados y complejos.

La funcionaria también subrayó que buena parte de la estructura disponible en la provincia es producto de políticas sostenidas durante años con distintos organismos federales. “Seguimos haciendo, pero si no están todas estas articulaciones, la provincia sola no puede tampoco”, señaló.

Frente a este panorama, Splausky planteó como prioridad preservar y fortalecer los mecanismos existentes. “Necesitamos la capacitación, trabajar articuladamente y lo venimos haciendo en pos de restituir los derechos a las víctimas”, afirmó. A la vez, valoró la continuidad de los equipos provinciales, aunque advirtió que el funcionamiento exige mantener una relación activa con Nación: “hay que sostener, fortalecer y seguir en esa construcción con esos equipos que funcionan hoy, más allá que a nosotros nos toque reclamar”.

El tema adquiere particular relevancia en una provincia con tres ciudades de características distintas —Ushuaia, Río Grande y Tolhuin— y con un flujo turístico y migratorio que puede generar situaciones de vulnerabilidad. La trata de personas es un delito federal que requiere financiamiento, capacitación continua y protocolos claros de actuación conjunta entre los niveles de gobierno.

Desde la provincia se insiste en que, sin esa articulación fluida, el esfuerzo local resulta insuficiente para garantizar la restitución de derechos y la protección efectiva de las víctimas. El reclamo busca asegurar que los programas construidos durante años no se vean perjudicados por cambios en las políticas nacionales.