Economía ajusta el FAMP y modifica reglas para las industrias fueguinas

El Ministerio de Economía de la Nación dispuso una serie de modificaciones al Fondo de Aduana para el Fomento de la Producción (FAMP) que afectarán directamente a las empresas radicadas en Tierra del Fuego bajo el régimen de la Ley 19.640. Según fuentes oficiales, el ajuste busca mayor control sobre los recursos y alinea el mecanismo con las nuevas reglas de promoción industrial vigentes desde el RIGI.

El FAMP, que se alimenta de un porcentaje de los derechos de importación pagados por las terminales electrónicas y otros sectores promovidos, es uno de los instrumentos clave para financiar infraestructura, capacitación y mejoras de competitividad en el parque industrial de Río Grande. En 2023 el fondo distribuyó alrededor de $4.200 millones entre las empresas beneficiarias, según datos de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Entre los cambios más relevantes figura la modificación en los requisitos de elegibilidad: a partir de ahora las firmas deberán demostrar un porcentaje mínimo de valor agregado local superior al 35% (antes 25%) y certificar el cumplimiento de metas de exportación. Además, se reduce el plazo de presentación de proyectos de inversión de 180 a 120 días hábiles y se endurecen las penalidades por incumplimiento.

Desde AFARTE, la cámara que agrupa a las terminales electrónicas, señalaron que “estas medidas pueden generar una presión adicional sobre las cadenas de suministro en un contexto de caída del consumo interno”. La entidad, que representa a Mirgor, Newsan y BGH entre otras, estima que el 62% de los puestos de trabajo directos de la provincia dependen del régimen industrial.

En Ushuaia y Tolhuin el impacto es menor, pero en Río Grande —donde se concentra el 85% de la mano de obra industrial— el ajuste genera preocupación. Fuentes del sector consultadas por este medio indicaron que varias empresas ya comenzaron a revisar sus planes de inversión para el 2025, especialmente en líneas de producción de celulares, televisores y aires acondicionados.

El subrégimen de Tierra del Fuego fue creado precisamente para compensar los mayores costos logísticos y energéticos del extremo sur. Con el RIGI (Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones) ya aprobado, el Gobierno nacional busca armonizar ambos instrumentos, pero desde la provincia advierten que una aplicación mecánica podría desincentivar la radicación de nuevas líneas de producción.

La AREF, por su parte, confirmó que ya se encuentra trabajando en la adecuación del sistema informático provincial para reflejar los nuevos parámetros del FAMP. “Vamos a acompañar a las empresas en la transición, pero el cumplimiento de las normas nacionales es ineludible”, indicaron desde el organismo recaudador.

Desde el sector pesquero y energético —actividades que no entran en el FAMP— observan con atención el movimiento. La modificación forma parte de una revisión más amplia de los regímenes de promoción que incluye también a la Cuenca Austral y a los incentivos para el gas invernal.

El desafío para las autoridades fueguinas será negociar con Nación una implementación gradual que no afecte el nivel de empleo. En un año donde ya se registraron suspensiones temporales en varias terminales, cualquier cambio en las reglas de juego es seguido con lupa tanto por los gremios como por los intendentes de las tres ciudades.

El próximo paso será la publicación del decreto definitivo en el Boletín Oficial y la posterior reglamentación local. Hasta entonces, las empresas del polo industrial fueguino operan bajo incertidumbre respecto de cómo impactará en sus balances el nuevo esquema de financiamiento y control del FAMP.