El Concejo Deliberante de Río Grande llevará a la Justicia el reclamo por aportes no depositados

El Concejo Deliberante de Río Grande decidió avanzar con una demanda judicial contra las autoridades responsables por el no depósito de aportes previsionales y obras sociales descontados a sus empleados. La resolución se adoptó durante la Sesión Extraordinaria del viernes pasado, presidida por el concejal Matías Rodríguez Ojeda (Juntos por el Cambio).

Según los datos que maneja el propio cuerpo, durante varios meses se realizaron descuentos obligatorios del salario de los trabajadores del Concejo que nunca fueron girados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), al Instituto de Previsión Social de la provincia ni a las obras sociales correspondientes. La situación, que ya había sido denunciada en reiteradas oportunidades por los gremios que nuclean al personal, motivó la decisión unánime de los ediles de iniciar acciones legales.

"No podemos seguir tolerando que se descuenten recursos de los trabajadores y que esos fondos no se depositen en tiempo y forma. Eso es una falta grave que afecta directamente el futuro jubilatorio y la cobertura de salud de nuestros empleados", expresó Rodríguez Ojeda al cierre de la sesión extraordinaria.

Fuentes del Concejo indicaron que el monto total de los aportes no depositados supera los 40 millones de pesos acumulados en los últimos dos años. La irregularidad se habría profundizado durante la gestión anterior y se habría mantenido incluso después del cambio de autoridades municipales en diciembre de 2023.

El expediente que se elevará a la Justicia incluirá toda la documentación contable, las comunicaciones cursadas al Ejecutivo Municipal reclamando el giro de los fondos y las respuestas recibidas. Según trascendió, se buscará determinar si hubo malversación de fondos públicos o incumplimiento de deberes de funcionario público.

Desde el Sindicato de Empleados Municipales de Río Grande (SEM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) celebraron la decisión del Concejo. Ambos gremios habían presentado notas formales exigiendo la regularización de la situación y advirtieron que la falta de depósito de aportes genera perjuicios irreparables a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la antigüedad y los derechos pasivos.

El caso se suma a otras irregularidades detectadas en diferentes áreas del municipio de Río Grande, donde la coparticipación y el manejo de los recursos propios han sido motivo de constantes debates en el Concejo y en la Legislatura provincial.

Desde la Secretaría de Hacienda municipal no se emitieron declaraciones oficiales sobre la decisión del Concejo. En off the record, fuentes del Ejecutivo indicaron que se trata de "una deuda heredada" de la gestión anterior y que se estaría trabajando en un plan de regularización, aunque hasta el momento no se habría concretado ningún depósito compensatorio.

Para los trabajadores del Concejo Deliberante, que suman alrededor de 80 empleados entre planta permanente y contratados, la medida judicial representa un respaldo institucional a sus reclamos. De prosperar la acción, podría sentar un precedente importante en la provincia respecto al control del destino de los aportes previsionales descontados.

La causa recaerá en el fuero contencioso administrativo o penal económico, según determine el fiscal interviniente. Los concejales anticiparon que solicitarán la inhibición general de bienes de los funcionarios que, según la documentación, habrían tenido responsabilidad directa en el manejo de esos recursos entre 2022 y la actualidad.

Este nuevo capítulo de la tensión entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal de Río Grande vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en el uso de los fondos públicos y el cumplimiento de las obligaciones laborales en el ámbito estatal fueguino.